Tres meses después de su creación, la Comisión Ambiental de Nuevo León, encabezada por el gobernador Samuel García, continúa sin entregar resultados concretos frente a la grave crisis de contaminación que afecta al área metropolitana de Monterrey. Lo que fue presentado como un esfuerzo conjunto y urgente para enfrentar la mala calidad del aire, hoy se percibe más como un espacio de declaraciones sin impacto, que como un órgano efectivo de acción ambiental.
La comisión fue instalada el 3 de marzo con la participación de autoridades estatales, municipales y federales, incluyendo a Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Desde entonces se han celebrado nueve sesiones, la mayoría de ellas a puerta cerrada, y los pocos anuncios realizados han generado más dudas que certezas.
Mientras el aire sigue deteriorándose, la ciudadanía y los colectivos ambientales han comenzado a cuestionar la utilidad real de esta comisión, señalando que hasta ahora todo se ha quedado en discursos, reuniones privadas y promesas sin cumplimiento. El reclamo general es que no se ven mejoras medibles, ni en los niveles de emisiones ni en la calidad de vida de la población.
#Local | La Ciudad es envuelta, de nuevo, por #contaminación extrema que obstaculiza la visibilidad pero el Estado no activa la alerta ambiental.https://t.co/UNi0JyRebz pic.twitter.com/zjKSgOb1jr
— elnortelocal (@elnortelocal) January 12, 2024
Medidas anunciadas sin resultados
Durante las sesiones realizadas, las autoridades estatales han presentado una serie de propuestas que, hasta ahora, no se han traducido en acciones efectivas. El primer avance anunciado fue la creación de un protocolo de actuación para contingencias atmosféricas, presentado el 31 de marzo. Aunque dicho protocolo se anunció con participación de los tres niveles de gobierno, no se ha hecho pública su aplicación ni hay evidencia de que haya sido activado o probado en algún evento reciente de mala calidad del aire.
Otra propuesta, mencionada por el secretario de Movilidad del estado, Hernán Villarreal, fue el escalonamiento de horarios laborales en empresas y la obligatoriedad del transporte escolar para reducir la circulación vehicular. La medida, aunque lógica desde el punto de vista técnico, sigue en etapa de discusión y no ha pasado del papel. Tampoco se conocen fechas, acuerdos con sectores empresariales o un calendario de implementación.
Durante la más reciente sesión, celebrada el 26 de mayo, Samuel García propuso la creación de una División Ambiental, dependiente de Fuerza Civil, para sancionar directamente a quienes cometan actos graves contra el medio ambiente. La propuesta fue recibida con escepticismo, ya que especialistas advierten que sancionar sin una estrategia integral de prevención y regulación no resolverá el problema de fondo.
Activistas denuncian simulación del Comisión Ambiental
La falta de avances reales ha sido fuertemente señalada por colectivos ambientales y ciudadanos organizados. Liliana Flores, integrante del Grupo de las Seis, un bloque de activistas que ha seguido de cerca el tema de la calidad del aire, calificó de “magros” los resultados de estos tres meses. Señaló que, más allá del anuncio sobre sanciones, no hay ninguna evidencia de reducción en emisiones contaminantes ni mejora medible en la calidad del aire.
Según Flores, la única acción que podría considerarse como concreta fue la multa de 80 millones de pesos a la empresa Ternium, anunciada el 12 de mayo, por contaminar el arroyo La Talaverna. Sin embargo, advierte que esta medida fue aislada y que no forma parte de una estrategia ambiental estructurada ni sostenible.
La activista también cuestionó que la mayoría de las reuniones han sido privadas, limitando el seguimiento ciudadano y la posibilidad de evaluar avances reales. Desde su perspectiva, el trabajo de la comisión parece estar más enfocado en construir una narrativa pública favorable al gobierno que en resolver un problema ambiental que afecta directamente la salud de miles de personas.
Promesas pendientes del Comisión Ambiental
Desde la presentación de la comisión, Samuel García planteó una serie de objetivos que siguen sin cumplirse. Entre ellos, destacó la coordinación entre estado y municipios para implementar una política conjunta de reducción de emisiones, así como la posible salida de circulación de los vehículos más contaminantes.
Sin embargo, no se ha avanzado en la renovación del transporte público, ni se han hecho públicos censos de unidades contaminantes, ni mucho menos se han establecido normas de verificación vehicular que permitan sacar de circulación los vehículos más dañinos para el ambiente. Tampoco se ha transparentado cómo se medirán los avances o qué indicadores serán utilizados para evaluar la efectividad de las medidas adoptadas.
El deterioro ambiental en Monterrey no es un problema nuevo, pero la falta de acciones contundentes agrava el panorama. Durante los primeros meses del año, diversas zonas del área metropolitana registraron niveles críticos de partículas PM10 y PM2.5, consideradas altamente nocivas para la salud. La población ha reportado aumentos en enfermedades respiratorias y alergias, sin que hasta el momento se haya ofrecido una respuesta estructural desde el gobierno estatal.
Lo que la ciudadanía observa es que la agenda ambiental de Samuel García parece más enfocada en el discurso político que en la implementación de políticas públicas eficaces. En un contexto donde las consecuencias del cambio climático y la mala calidad del aire son cada vez más evidentes, la inacción puede tener consecuencias graves y duraderas.
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