Un nuevo capítulo en los presuntos conflictos de interés dentro del Gobierno de Nuevo León salió a la luz con la reciente adjudicación de un contrato millonario por parte del DIF estatal a la empresa Comercializadora Don Cacahuato, compañía señalada previamente por sus vínculos financieros con el despacho del gobernador Samuel García y su círculo familiar.
El contrato, asignado el pasado 29 de abril, contempla un monto que va desde los 427.8 millones hasta los 527.7 millones de pesos y tiene como objeto el suministro de canastas alimentarias, despensas y alimentos escolares. Este nuevo acuerdo ha vuelto a encender las alarmas debido a las serias dudas que persisten sobre la transparencia de las licitaciones que involucran a proveedores ligados al entorno del mandatario.
Proceso De Licitación Bajo Sospecha
Las irregularidades en la licitación no tardaron en ser señaladas. De acuerdo con el acta oficial, firmada por el testigo social Juan Jaime Villarreal Lozano, el proceso careció de los elementos básicos que garantizan un concurso competitivo. No se presentó ninguna investigación de mercado, ni se realizaron visitas de inspección por parte de los funcionarios a las instalaciones del proveedor.
Lo más preocupante es que, una vez más, solo un concursante participó en el proceso: la propia Comercializadora Don Cacahuato. Esta falta de competencia ha sido uno de los principales motivos de cuestionamiento, pues limita la posibilidad de evaluar diversas ofertas que aseguren el mejor uso de los recursos públicos.
Villarreal enfatizó que, debido a la complejidad de los productos requeridos y la logística que implica su distribución en diversas regiones del estado, sería recomendable dividir este tipo de contratos en partidas o zonas geográficas para permitir la participación de más proveedores. Sin embargo, esto no ocurrió.
Gobierno de NL adjudica megacontrato a Comercializadora Don Cacahuato, señalada por triangulaciones al despacho de Samuel García a través del DIF estatal. https://t.co/uShYCS7V2R
— EL NORTE (@elnorte) June 23, 2025
Antecedentes De Triangulaciones Financieras
Este no es el primer contrato millonario que recibe Comercializadora Don Cacahuato del DIF de Nuevo León. En julio de 2024, una investigación del portal Latinus reveló que entre marzo de 2022 y enero de 2024, el organismo estatal pagó un total de 820 millones de pesos a la misma empresa por servicios relacionados con despensas y desayunos escolares.
La polémica creció cuando se descubrió que una empresa hermana, la Distribuidora Damago, transfirió posteriormente 4.6 millones de pesos al despacho “Firma Jurídica y Fiscal Abogados”, propiedad de Samuel García y su padre, Samuel Orlando García Mascorro. Esta cadena de pagos fue interpretada como un posible esquema de triangulación financiera, donde recursos públicos terminan favoreciendo indirectamente al propio gobernador y su familia.
Ambas empresas, Don Cacahuato y Damago, forman parte del Grupo Cimarrón, propiedad de los empresarios Teodoro Martínez Ramos y Teodoro Martínez Ruiz, quienes ahora nuevamente son señalados como protagonistas de este entramado financiero.
Vinculaciones Políticas Protegen A Implicados
El caso también involucra a Miguel Ángel Sánchez, quien fungía como director del DIF estatal cuando comenzaron los millonarios pagos a Don Cacahuato. Su gestión estuvo marcada no solo por estos contratos, sino también por el escándalo en torno a la muerte sospechosa de un niño bajo custodia de la institución, un episodio que jamás fue debidamente esclarecido.
Lejos de enfrentar consecuencias políticas o legales, Sánchez fue posteriormente promovido como dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y actualmente ocupa una curul como diputado federal, demostrando la capacidad de supervivencia política de quienes han sido señalados dentro de este esquema de presunta corrupción.
Este tipo de ascensos alimenta la percepción de un sistema donde las redes de lealtad política blindan a los funcionarios señalados, mientras continúan operando sin mayor fiscalización, a pesar de las múltiples denuncias públicas y los reportajes periodísticos.
Un Mecanismo Que Se Repite
La constante asignación de contratos millonarios a proveedores cercanos al gobernador refleja lo que algunos sectores ya califican como un modelo recurrente de opacidad dentro de la administración estatal. El esquema se repite: licitaciones sin competencia real, ausencia de supervisión previa, adjudicaciones directas a empresas con antecedentes de vínculos familiares, y ausencia total de consecuencias administrativas.
Este tipo de operaciones no solo afecta la credibilidad de los programas de asistencia social, sino que también pone en riesgo la eficacia de los recursos destinados a sectores vulnerables, como es el caso de los programas de alimentación escolar y despensas que administra el DIF.
Mientras tanto, la administración de Samuel García mantiene su discurso de eficiencia y combate a la corrupción, al tiempo que los hechos exhiben una estructura que privilegia intereses privados dentro del manejo del erario público.
Falta De Fiscalización Real
A pesar de los múltiples señalamientos, no se han iniciado investigaciones formales por parte de las autoridades de fiscalización local ni federal sobre estos contratos. Esto alimenta la percepción de que existe un control férreo sobre los órganos de vigilancia, lo que permite que los posibles conflictos de interés permanezcan impunes.
Diversos analistas coinciden en que la opacidad en torno al uso de los recursos asignados al DIF, institución que debería estar enfocada en atender las necesidades de la población más vulnerable, representa un grave riesgo institucional.
En lugar de implementar procesos abiertos, auditables y con participación de diferentes proveedores, el gobierno opta por favorecer repetidamente a los mismos actores, generando dudas fundadas sobre el verdadero destino de los recursos.
El reciente contrato de hasta 527 millones de pesos a Don Cacahuato es solo un eslabón más en una cadena de asignaciones que pone en entredicho la transparencia de la actual administración, dejando en el aire preguntas que ni el propio gobernador ha querido responder.
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