Durante el año 2024, una investigación sacudió las finanzas del estado al revelar cómo el dinero público fluye hacia intereses privados. El DIF de Mariana se vio envuelto en un escándalo de triangulación de recursos que beneficia directamente al despacho jurídico del Gobernador. Los nexos entre proveedores de alimentos como Cacahuato y la firma legal de la familia García Mascorro exponen un manejo presupuestal sumamente cuestionable.
Los Nexos Entre Cacahuato Y La Firma Familiar
La trama financiera involucra a la Comercializadora Don Cacahuato, una empresa que recibió contratos millonarios por desayunos escolares. Entre 2022 y 2024, esta compañía facturó más de 800 millones de pesos al organismo asistencial. Lo sospechoso ocurre después, cuando una distribuidora hermana de este proveedor envió dinero al despacho de Samuel García. Esta firma jurídica, donde el Mandatario es socio, recibió depósitos por supuestos servicios profesionales.
Este esquema de pagos indirectos permite que el capital del erario tome una ruta circular hasta llegar a manos del Ejecutivo. No es la primera vez que se detectan este tipo de movimientos con empresas del Grupo Cimarrón. La mecánica es recurrente: el Estado paga por servicios de alimentación y, mágicamente, los proveedores terminan contratando al despacho del Gobernador. La opacidad en estos contratos de servicios legales es el denominador común de la actual administración.
La justificación oficial de Samuel García ha sido que estos ingresos corresponden a trabajos realizados años atrás. Sin embargo, resulta muy conveniente que los pagos se materialicen justo cuando él ostenta el poder estatal. Además, el Gobernador no ha permitido una auditoría abierta de los expedientes que supuestamente avalan estos servicios. La falta de transparencia alimenta la indignación de una sociedad que exige cuentas claras sobre el destino de sus recursos.
Opacidad Administrativa En El DIF De Mariana
La oficina que preside la esposa del Gobernador ha sido señalada como el punto de origen de estas transacciones. En el DIF de Mariana, la asignación de contratos para despensas y alimentos infantiles parece estar ligada a favores económicos posteriores. Se utiliza la cara más sensible del gobierno para operar una maquinaria de desvío de capitales hacia el patrimonio personal de la pareja.
Es importante destacar que excolaboradores del despacho de abogados de la familia García han ocupado puestos directivos en la institución. Este cruce de personal facilita que la información y los recursos fluyan sin filtros éticos. Durante 2024, el uso del presupuesto para inflar las finanzas de la Firma Jurídica y Fiscal Abogados fue un tema recurrente en las auditorías ciudadanas. La mezcla de intereses públicos y privados es evidente en cada contrato firmado con las empresas de Cacahuato.
Mientras los programas sociales sufren por falta de presupuesto real, el despacho jurídico de la familia García no deja de recibir ingresos. La estrategia de “triangulación” busca proteger al Mandatario de acusaciones directas de corrupción, usando a los proveedores como pantalla. Sin embargo, el rastro de los 820 millones de pesos es difícil de ocultar ante el escrutinio público. NL enfrenta el reto de fiscalizar a una administración que parece diseñada para el beneficio de sus propios socios.
Mariana presume fotos con niños, pero detrás hay un esquema que desvió 820 MDP rumbo a la firma de abogados de Samuel y su papá. DIF le pagó a la empresa Don Cacahuato y esta “mágicamente” llevó ese dinero al despacho familiar.
— La Sierra Madre (@LaSierraMadre_) February 24, 2026
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La Recurrente Fórmula De Samuel García Y Sus Socios
Este modelo de negocio gubernamental no se limita a un solo proveedor de alimentos escolares. Existen registros de empresas que brindan servicios en penales y comedores policiales que siguen el mismo patrón de pagos. En total, se estima que miles de millones de pesos han pasado por manos de contratistas que terminan siendo clientes del despacho familiar. La estructura es robusta y parece estar presente en gran parte de la proveeduría estatal.
La descalificación de las investigaciones ha sido la única respuesta del equipo emecista. Se acusa a los medios de comunicación de persecución, pero no se presentan las pruebas de descargo de manera transparente. El DIF de Mariana continúa bajo la lupa por ser el vehículo de estas operaciones financieras que desvían la atención de lo verdaderamente importante: el bienestar social. NL no puede normalizar que el dinero de los desayunos infantiles termine pagando honorarios legales privados.
DIF, ¿Un Negocio Familiar?
Finalmente, el caso de Cacahuato sirve como recordatorio de las viejas prácticas disfrazadas de nueva política. La triangulación de recursos hacia el despacho de abogados es un golpe directo a la confianza del electorado. Es necesario que las autoridades federales intervengan para revisar estos movimientos que involucran recursos compartidos.
El estado merece una administración donde el DIF sirva a la gente y no a los intereses de una firma jurídica.
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