En menos de una semana, Nuevo León ha sido escenario de dos importantes aseguramientos de combustible robado, en donde ambos la Guardia Nacional decomisa huachicol. La situación ha puesto nuevamente sobre la mesa la inoperancia del gobierno estatal frente al crecimiento de las redes de huachicol en el estado, especialmente en zonas rurales donde la vigilancia es limitada o nula.
La intervención más reciente ocurrió en el municipio de Rayones, donde elementos de la Guardia Nacional detuvieron a un conductor que transportaba 64 mil litros de hidrocarburo en un tractocamión. El chofer no contaba con la documentación necesaria para acreditar la legalidad del producto, por lo que fue remitido ante el Ministerio Público federal.
El vehículo también fue asegurado como parte del proceso judicial, y hasta ahora no se ha informado si hay más personas involucradas o si el combustible tenía un destino específico. Este operativo se suma a una preocupante lista de hallazgos que revelan una estructura cada vez más compleja del crimen organizado para comercializar ilegalmente hidrocarburos en el noreste del país.
⚠ #ATENCIÓN | Guardia Nacional decomisa 64 mil litros de combustible en Rayones, NLhttps://t.co/B6oTOP23We
— ABCNoticias.mx (@ABCNoticiasMX) June 25, 2025
Allende: epicentro de almacenamiento ilegal
Apenas un par de días antes, el 18 de junio, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo un cateo en el municipio de Allende, en el sur del estado. En una bodega ubicada en la colonia El Maguey, se aseguraron más de un millón 200 mil litros de hidrocarburo que se encontraban almacenados en instalaciones improvisadas pero altamente especializadas.
El operativo fue posible gracias a la colaboración de múltiples dependencias del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, entre ellas la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía de Justicia de Nuevo León y elementos de Fuerza Civil.
En el lugar se encontraron 11 franctank, 7 tanques cilíndricos, 10 semirremolques, 3 tractocamiones, 2 cubitanques, mangueras, bombas despachadoras y demás equipo, evidencia clara de que se trataba de un punto estratégico para la distribución ilegal de combustible, con capacidad para operar a gran escala.
Mientras la Guardia Nacional decomisa, ¿qué hace Samuel?
Estos operativos recientes han generado fuertes cuestionamientos hacia la administración estatal, encabezada por Samuel García, cuya estrategia de seguridad ha sido más mediática que efectiva, especialmente en zonas rurales.
Rayones y Allende, municipios alejados de la zona metropolitana, son ejemplo de cómo el gobierno estatal ha descuidado el fortalecimiento de capacidades de vigilancia en regiones claves para el control territorial del crimen organizado. Las redes de huachicol operan con libertad hasta que alguna fuerza federal interviene, dejando en evidencia la ausencia de autoridad local efectiva.
Mientras tanto, la narrativa oficial sigue enfocada en la promoción de acciones aisladas y en el impulso de imagen pública, sin presentar un plan integral que atienda los focos rojos del estado en materia de seguridad energética y tráfico ilícito de hidrocarburos.
Guardia Nacional decomisa tomas clandestinas
Más allá del impacto económico del huachicol, las actividades clandestinas relacionadas con el almacenamiento y distribución de combustible representan un peligro para la ciudadanía. Las instalaciones descubiertas en Allende, por ejemplo, no contaban con condiciones seguras de manejo ni protocolos contra incendios, lo que podría haber derivado en tragedias de gran magnitud.
Además, el uso de vehículos sin documentación y el transporte por rutas rurales no supervisadas aumenta el riesgo de accidentes, fugas o explosiones. Esta situación debería encender las alertas del gobierno estatal, que hasta ahora no ha asumido con contundencia su responsabilidad frente al problema.
Si bien los decomisos recientes deben reconocerse como aciertos operativos, lo cierto es que la dependencia del estado hacia las fuerzas federales no es sostenible. La falta de coordinación, vigilancia proactiva y combate frontal desde el ámbito local permite que estas redes ilícitas sigan operando y expandiéndose.
