La política de transporte en Nuevo León vuelve a estar en el centro de las críticas. Después de casi tres años de operación bajo el modelo de pago por kilómetro, el Gobierno estatal decidió dar marcha atrás a este esquema que fue presentado como solución innovadora, pero que terminó dejando millones de pesos desperdiciados, camiones fuera de servicio y un sistema aún lejos de satisfacer a los ciudadanos.
Con el anuncio de este nuevo ajuste, queda en evidencia lo que diversos sectores han señalado desde un inicio: el manejo del transporte público en la entidad ha sido una cadena de improvisaciones, experimentos costosos y poca planificación real.
Los costos de un modelo fallido
Desde su implementación, el esquema de pago por kilómetro recorrido generó severos problemas financieros. El modelo establecía que el Estado pagaría a los transportistas por cada kilómetro recorrido, sin importar si los camiones llevaban o no pasajeros. Este enfoque provocó que los concesionarios priorizaran los trayectos constantes, pero no necesariamente el servicio eficiente a los usuarios.
El resultado fue un gasto semanal de 40 millones de pesos en subsidios y un acumulado de 15 mil millones de pesos en tres años, según reconocieron las propias autoridades. Además del desangre financiero, al menos el 25% de los camiones terminaron fuera de operación o yonkeados debido al exceso de desgaste generado por la operación continua, muchas veces sin ocupación de pasajeros.
Luego de casi 3 años y no funcionar, Estado tumba de las rutas camioneras el sistema de pago por kilómetro y regresa al pago por pasajero.#Entérate https://t.co/N0MJMBOVjw
— EL NORTE (@elnorte) June 24, 2025
Viejas dudas respecto al transporte en Nuevo León
El encargado del despacho del Instituto de Movilidad (IMA), Abraham Vargas, anunció el cambio de rumbo: ahora se pagará a los transportistas con base en el número de pasajeros trasladados, buscando alinear los incentivos al servicio real que reciben los ciudadanos.
Aunque las autoridades evitan hablar de un “fracaso”, los ajustes confirman lo que usuarios y expertos en movilidad han advertido por meses: el esquema anterior era insostenible, mal diseñado y centrado más en cumplir recorridos que en atender la demanda social.
El nuevo sistema se implementará de manera gradual hasta alcanzar su totalidad en diciembre próximo. Los 1,500 nuevos camiones que están siendo integrados operarán directamente bajo este modelo, mientras que los 1,800 camiones antiguos serán incorporados en fases: primero 800 unidades este semestre, y luego el resto.
Reacciones divididas
La nueva modificación no ha calmado las aguas. Transportistas expresan su inconformidad al señalar que el gobierno ha venido tomando decisiones improvisadas, sin claridad ni constancia en sus políticas públicas. Los constantes ajustes generan incertidumbre financiera, pues los empresarios del sector han tenido que adaptarse a reglas que cambian cada año.
Además, los concesionarios señalan que desde un principio advirtieron los riesgos del esquema de pago por kilómetro: el desgaste acelerado de las unidades, la ausencia de controles reales de mantenimiento y el alto costo para el erario. Las advertencias, aseguran, fueron ignoradas por el Gobierno estatal.
Por su parte, analistas en movilidad señalan que esta constante improvisación refleja la falta de un plan maestro de largo plazo, sustentado en diagnósticos técnicos, viabilidad económica y proyecciones de demanda urbana.
El usuario, olvidado en el Transporte en Nuevo León
Mientras el gobierno experimenta con modelos administrativos y los transportistas pelean por reglas claras, el usuario sigue siendo el gran perjudicado. Las largas esperas, los retrasos en rutas, las unidades deterioradas, la falta de choferes capacitados y los cambios constantes siguen afectando a miles de personas que dependen del transporte público todos los días.
Organizaciones ciudadanas insisten en que, más allá de modificar esquemas de pago, es urgente atender los problemas estructurales: rediseñar rutas, garantizar el mantenimiento preventivo, profesionalizar a los operadores y establecer controles transparentes en la operación diaria.
Aunque las autoridades prometen que este nuevo esquema centrado en el pasajero mejorará el servicio, la población sigue escéptica. Las soluciones parciales no han resuelto el caos en la movilidad, y cada nuevo anuncio oficial parece solo intentar apagar los síntomas de un problema mucho más profundo.
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