La administración de Samuel García en Nuevo León enfrenta serios cuestionamientos por el manejo de las finanzas públicas, luego de que se revelara un incremento del 38% en los adeudos con proveedores y contratistas. De acuerdo con cifras oficiales del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda, al cierre del primer trimestre del año, el gobierno estatal acumuló pasivos por más de 2 mil 912 millones de pesos, una cifra que enciende alertas entre especialistas en finanzas públicas y ciudadanos preocupados por el uso de los recursos estatales.
Mientras se destinan recursos a eventos de entretenimiento como el MacroFest, el incremento en las deudas genera un impacto directo en la operación de servicios esenciales y en la economía de cientos de pequeñas y medianas empresas que aún esperan el pago por trabajos ya realizados. A pesar de que el semáforo federal mantiene al estado en “verde” —es decir, dentro de los márgenes de riesgo aceptables— la presión financiera se acumula y comienza a hacer evidente un patrón de gasto que prioriza imagen sobre responsabilidad.
Deuda crece sin freno
Las cifras difundidas por Hacienda ubican a Nuevo León en el sexto lugar a nivel nacional con mayor crecimiento en adeudos a proveedores y contratistas. El aumento del 38% respecto al mismo periodo del año anterior representa un salto preocupante, considerando que el total nacional creció apenas 4.3%. En otras palabras, mientras otros estados ajustan su gasto y refinancian compromisos, el gobierno de Samuel García ha profundizado los pasivos, sin ofrecer un plan claro para revertir la situación.
Con una deuda que roza los 3 mil millones de pesos, Nuevo León se acerca a los niveles de entidades históricamente endeudadas como Guerrero, que encabeza la lista nacional con más de 8 mil millones en adeudos. El contraste resulta aún más llamativo si se toma en cuenta que la economía de Nuevo León es una de las más dinámicas del país, lo que pone en entredicho la gestión financiera del actual gobierno.
Aunque la administración de García ha argumentado que parte de estos pasivos corresponden a compromisos heredados y a procesos administrativos de pago en curso, la magnitud del incremento en tan solo un año refleja una falta de control presupuestario o, al menos, una planeación ineficiente de los flujos de gasto público.
Gobierno estatal anuncia una nueva edición del Macrofest para este próximo miércoles 11 de junio, con la presentación de Grupo Frontera.#ElNorteLocalhttps://t.co/EybvVvrXem
— elnortelocal (@elnortelocal) June 2, 2025
Eventos millonarios vs. pagos pendientes
En paralelo al aumento de la deuda, el gobierno estatal ha retomado la organización de eventos masivos como el ya anunciado MacroFest, lo cual ha despertado críticas entre ciudadanos, empresarios y actores políticos. La falta de pagos a contratistas y proveedores contrasta con la disposición de recursos para conciertos, festivales y actividades que, si bien pueden tener impacto social o turístico, no son prioritarios en un contexto de adeudos acumulados.
Esta contradicción ha generado malestar entre sectores que dependen de pagos del gobierno estatal para continuar operando. Empresas de mantenimiento, constructoras, distribuidores de insumos médicos y otros proveedores han comenzado a manifestar su preocupación por la falta de liquidez, advirtiendo que la morosidad por parte del Estado ya está generando afectaciones directas en empleos y productividad.
Especialistas consultados han advertido que, si bien el semáforo de Hacienda aún posiciona a Nuevo León en zona de bajo riesgo, este puede cambiar rápidamente si el gobierno no corrige el rumbo. Una calificación negativa no solo complicaría el acceso a financiamiento, sino que podría derivar en mayores restricciones presupuestales para el segundo semestre del año, lo que pondría en riesgo programas públicos en curso.
Por ahora, la prioridad parece estar en mantener activa la maquinaria de imagen del gobierno, con anuncios constantes en redes sociales y presencia mediática enfocada en logros de infraestructura o alianzas comerciales. Sin embargo, la realidad presupuestaria revela un panorama mucho más precario, con pagos pendientes y una creciente desconfianza por parte de quienes han prestado servicios al Estado.
Expertos lanzan alertas contra Samuel García
Analistas financieros y organismos de evaluación fiscal ya han comenzado a hacer llamados de atención sobre la salud de las finanzas estatales. La calificadora Fitch Ratings señaló recientemente que un aumento sostenido en los pasivos por servicios contratados podría deteriorar los indicadores de desempeño presupuestal, particularmente si no se cuenta con mecanismos para compensar el gasto.
De igual manera, académicos en materia de políticas públicas han cuestionado que, en lugar de diseñar estrategias para saldar las deudas o negociar con proveedores, el gobierno estatal ha optado por mantener un discurso triunfalista, sin reconocer las implicaciones que este endeudamiento tiene para el mediano plazo.
Los expertos coinciden en que la deuda con proveedores es una de las más sensibles y peligrosas, ya que afecta directamente a la cadena productiva local. A diferencia de la deuda bancaria o de bonos —que suele tener condiciones pactadas y plazos establecidos—, los adeudos a contratistas dependen en gran medida de la voluntad política del gobierno en turno, lo cual genera incertidumbre entre los acreedores.
En este sentido, se ha sugerido que el Congreso local exija a la administración de Samuel García un informe detallado del destino de los recursos estatales, así como un plan concreto para reducir los pasivos acumulados. La transparencia en el uso del presupuesto es una demanda creciente entre la ciudadanía, especialmente cuando se contrasta con gastos publicitarios o eventos multitudinarios sin justificación económica clara.
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