La violencia contra las mujeres en Nuevo León sigue en aumento, mientras que las autoridades estatales continúan sin responder de forma contundente. Durante los primeros cinco meses del 2025, se han registrado 36 asesinatos de mujeres en la entidad, de los cuales solo cinco han sido clasificados como feminicidios. Las cifras son alarmantes, no solo por el número total de muertes, sino por la incapacidad institucional para tipificarlas correctamente y generar acciones efectivas de prevención.
La situación coloca a Nuevo León en el noveno lugar nacional en cuanto a muertes violentas de mujeres, revelando el deterioro de las condiciones de seguridad en la entidad y cuestionando severamente la efectividad de las estrategias implementadas por el gobierno estatal. A pesar de las promesas, los planes de acción no han logrado frenar los crímenes ni garantizar justicia para las víctimas.
Falla en la tipificación de casos
Uno de los problemas más graves que evidencian estas cifras es la escasa tipificación de feminicidios por parte de las autoridades. De los 36 asesinatos registrados entre enero y mayo de este año, únicamente cinco fueron clasificados bajo ese término, a pesar de los criterios existentes en el Código Penal.
El feminicidio, según la ley, se define como el asesinato de una mujer por razones de género, e implica una serie de agravantes, como la existencia de antecedentes de violencia, amenazas o relaciones de poder. Sin embargo, la práctica común en muchas fiscalías estatales, incluido Nuevo León, ha sido evitar aplicar esta figura legal, lo que limita el acceso a la justicia para las familias de las víctimas y oculta la magnitud del problema.
El subregistro también tiene consecuencias en el diseño de políticas públicas. Al no reconocer la dimensión real del feminicidio, las acciones gubernamentales no logran responder de manera adecuada ni eficiente, lo que perpetúa la impunidad y revictimiza a quienes buscan justicia.
Estrategia de seguridad cuestionada en Nuevo León
La ola de violencia que afecta a las mujeres en Nuevo León se ha desarrollado en el contexto de una estrategia de seguridad que ha sido duramente criticada por su falta de resultados. A pesar de los operativos, anuncios y supuestas inversiones en seguridad, los hechos indican que la violencia de género no ha sido una prioridad real para el gobierno estatal.
Diversos colectivos feministas y organizaciones civiles han señalado que las políticas de prevención son prácticamente inexistentes, y que los programas de atención a víctimas carecen de presupuesto suficiente, personal capacitado y cobertura. A esto se suma la falta de seguimiento adecuado en los casos denunciados, lo que contribuye a que muchos agresores permanezcan libres.
El gobierno estatal ha preferido enfocar sus discursos en temas como el desarrollo económico o las inversiones extranjeras, mientras la violencia hacia las mujeres avanza sin freno. La seguridad pública, en especial la que atañe a mujeres y niñas, ha sido relegada, y el resultado se refleja en los números.
A la par, existe un deterioro en la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones encargadas de impartir justicia, debido a la opacidad, lentitud y omisiones en los procesos de investigación. La percepción generalizada es que en Nuevo León no solo se vive con miedo, sino también con la certeza de que el sistema no garantiza protección ni castigo a los culpables.
Hallaron esta mañana cuerpo de hombre ejecutado, a un costado de kinder del Barrio Santa Isabel, Col. Solidaridad en Monterrey.
— Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) May 29, 2025
Y Samuel García, en modo influencer, dice que redujo delitos 80 %.
Y Adrián de la Garza, el que asegura que resuelve, con 0 plan integral con FC y AEI. pic.twitter.com/egBq50GwM1
Urge un enfoque integral
Frente a este panorama, diversas voces de la sociedad civil han reiterado la necesidad de un enfoque integral que coloque a la violencia de género como un problema estructural, no como una estadística aislada. El feminicidio no es un hecho espontáneo ni inevitable, sino la consecuencia de una serie de fallas institucionales, culturales y sociales que deben ser enfrentadas con decisión.
Esto implica invertir en educación con perspectiva de género, fortalecer las instituciones encargadas de atender la violencia familiar y de pareja, capacitar a policías y ministerios públicos, y sobre todo, garantizar que cada caso sea investigado con perspectiva de género desde el primer momento.
También se requiere un compromiso político claro y sostenido. No basta con expresar solidaridad con las víctimas en fechas conmemorativas; se necesita actuar con urgencia y constancia, establecer metas medibles, y rendir cuentas de los avances o retrocesos en esta materia.
La ciudadanía demanda respuestas. La indiferencia institucional ante los crímenes contra mujeres en Nuevo León ya no puede sostenerse más. El silencio, la inacción y la falta de voluntad han cobrado demasiadas vidas.
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