Lo que comenzó como rumores entre pasillos escolares hoy se confirma como una operación política orquestada desde el poder: escuelas públicas de Nuevo León están siendo usadas como maquinaria electoral del gobierno de Samuel García para influir en elección de jueces. Docentes y trabajadores administrativos de planteles como el Conalep, la Universidad Tecnológica de Santa Catarina, la Prepa Militarizada y hasta la UANL, denuncian presiones directas para recolectar credenciales del INE y votar por jueces aliados del gobernador.
La exigencia es clara y brutal: “Consigue 10 INEs o te vas”. Así, sin matices. Así lo cuentan maestros que trabajan con contratos temporales y que hoy temen perder su fuente de ingreso si no acceden a formar parte de un esquema de acarreo disfrazado de “proyecto cívico”.
Las aulas dejaron de ser espacios educativos para convertirse en centros de manipulación política, donde la consigna es obedecer o perderlo todo.
@indirakempis ‼️🚨Las denuncias están hechas en la Fiscalía de Delitos Electorales. Alcemos la voz por la libertad de nuestros empleados públicos, porque el gobernador no sólo es un corrupto, es un delincuente electoral. #DelincuenteElectoral #JusticiaParaNL #NoMásImpunidad #Elecciones2025 #VotoLibre #Democracia #ElecciónJudicial #JuecesIndependientes #NuevoLeón #SamuelGarcía ♬ sonido original – Indira Kempis
El gobierno detrás de la presión
La red de coacción no es casual. Según testimonios, funcionarios vinculados al gobierno estatal han visitado los planteles para pedir apoyo. En el Conalep, fue José Alfonso Rodríguez, representante jurídico de la Dirección General, quien pidió a docentes y administrativos cumplir con una cuota mínima de 10 credenciales por persona.
En la Universidad Tecnológica de Santa Catarina, los trabajadores fueron obligados a asistir a una conferencia impartida por Ulises Carlín, Consejero Jurídico del gobernador y actual aspirante a juez. Después del evento, la “invitación” fue directa: “denme sus 10 contactos”.
Quienes se resisten son convocados a reuniones, cuestionados y, en algunos casos, reubicados a tareas de “apoyo” político. En la Torre Administrativa ya opera lo que empleados llaman un “call center electoral”, conformado por personal de escuelas, que hace llamadas y organiza listas de votantes. Todo, mientras sus sueldos siguen siendo pagados como si estuvieran dando clases.
“Nos quitaron el pizarrón y nos pusieron un teléfono para que ayudemos al gobernador a ganar en la elección de jueces”, dijo una maestra, cuya identidad se reserva por seguridad.
UANL: presión ante elección de jueces
En la Universidad Autónoma de Nuevo León, las cosas parecen más sutiles, pero no menos preocupantes. Directivos como Abraham Hernández, de la Facultad de Ciencias Políticas, y Óscar Vidal, de Medicina, han promovido activamente el involucramiento de estudiantes y profesores en este operativo político.
Aunque en la UANL no hay despidos ni amenazas abiertas, el mensaje institucional es evidente: participar es “alinearse” con los intereses del Estado, no hacerlo es arriesgarse a quedar fuera de ciertos beneficios.
Los estudiantes también comienzan a levantar la voz: “Nos están usando, y lo peor es que lo hacen con total descaro, como si fuera parte de nuestras materias”, expresó una alumna de último semestre.
Fiscalía ya investiga: ¿pero llegará a algo?
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) confirmó que ya recibió más de 10 denuncias formales relacionadas con este operativo. Todas coinciden en lo mismo: presión laboral, exigencia de credenciales, manipulación del voto.
Los maestros que han denunciado, muchos de ellos de forma anónima, aseguran que el objetivo del gobierno es colocar a jueces a modo en el Poder Judicial, garantizando así impunidad y control político en caso de futuras investigaciones.
“Quieren blindarse. Por eso necesitan que votemos por los suyos”, dice un docente de UT Santa Catarina. Y lo hacen con un plan que ya no es rumor: está organizado, financiado y ejecutado con personal público.
Los denunciantes también han comenzado a promover una salida: anular el voto como forma de resistencia. “Si nos obligan a mandar la foto, que lo hagan. Pero al final, podemos anularlo. Y eso no lo pueden evitar”, afirma una profesora del Conalep.
