La resolución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) colocó nuevamente en el centro del debate público el caso DIF Fabriles, uno de los episodios más graves vinculados al DIF de Nuevo León y a la actuación de autoridades estatales bajo el gobierno de Samuel García. La determinación del organismo nacional confirmó violaciones graves a derechos humanos en dos hechos distintos ocurridos bajo custodia institucional, uno de ellos la muerte del adolescente Ángel Moreno, de 14 años. El caso Fabriles, el DIF de Nuevo León y las violaciones graves documentadas por la CNDH revelan una cadena de omisiones, encubrimientos y decisiones políticas que, hasta ahora, siguen sin consecuencias reales.
Lo Que Confirmó La CNDH Sobre El Caso DIF Fabriles
A través de la Recomendación 148/2025, la CNDH confirmó que el caso DIF Fabriles implicó violaciones al debido proceso, a la seguridad jurídica y al principio del interés superior de la niñez. El organismo nacional revisó el expediente integrado previamente por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, luego de que el DIF de Nuevo León se negara a aceptar la recomendación local.
El primer hecho corresponde a la muerte de Ángel Moreno, ocurrida en febrero de 2022 dentro del albergue Fabriles. Aunque la versión oficial difundida por el DIF estatal señaló como causa del fallecimiento una peritonitis, la investigación recabó testimonios que apuntaron a agresiones físicas previas contra el menor. Pese a tratarse de una muerte bajo resguardo del Estado, no se dio vista al Ministerio Público ni al Órgano Interno de Control, una omisión que la CNDH calificó como especialmente grave.
Un Traslado Ilegal Que Amplía El Caso Fabriles
El segundo episodio confirmado dentro del caso Fabriles ocurrió el 4 de noviembre de 2020. En ese hecho, otro menor fue ingresado al mismo albergue con la promesa de un proyecto educativo y de atención integral. Sin embargo, el adolescente fue trasladado fuera del estado, a un centro de rehabilitación en Veracruz, sin orden judicial ni consentimiento familiar.
Para la CNDH, este traslado representó una violación directa al principio de legalidad y a los derechos de la infancia. La investigación acreditó que el DIF de Nuevo León autorizó la salida del menor del territorio estatal sin cumplir los requisitos mínimos que marca la ley, reforzando el patrón de irregularidades documentadas en el caso Fabriles.
Encubrimiento Político Bajo La Administración De Samuel García
Todo lo anterior ocurrió durante la administración encabezada por Samuel García, con Mariana Rodríguez al frente del DIF estatal. La CNDH subrayó que la negativa del organismo a aceptar la recomendación local limitó el acceso a la verdad y a la reparación del daño, una decisión que no puede separarse del contexto político.
Durante los hechos del caso Fabriles, el DIF de Nuevo León era dirigido por Miguel Ángel Sánchez, quien ha sido señalado por su papel de mando durante los eventos investigados. Lejos de enfrentar consecuencias públicas, su trayectoria política continuó, lo que ha alimentado señalamientos de protección desde las más altas esferas del poder estatal.
El Papel De La Comunicación Oficial En El Caso DIF Fabriles
Otro actor clave fue Glen Zambrano, entonces responsable de la comunicación gubernamental. Desde esa posición, se difundió la versión de una muerte por causas naturales, minimizando los señalamientos de violencia que posteriormente fueron acreditados por la CNDH.
Este manejo mediático no fue un error aislado. Para organismos civiles y legisladores locales, la estrategia de comunicación formó parte de un intento sistemático por cerrar el caso Fabriles sin esclarecer responsabilidades, priorizando la protección política sobre el interés superior de la niñez.
Movimiento Ciudadano Y La Falta De Rendición De Cuentas
El partido Movimiento Ciudadano también quedó expuesto en la resolución de la CNDH. A pesar de la gravedad de las violaciones graves confirmadas, no hubo un deslinde claro ni acciones públicas contundentes por parte del partido que gobierna Nuevo León.
El silencio institucional contrasta con los recursos destinados a comunicación y promoción política, mientras las familias afectadas siguen sin acceso pleno a la justicia. El caso Fabriles se convirtió así en un símbolo de cómo el poder político puede blindarse incluso frente a resoluciones de un organismo nacional de derechos humanos.
Un Plazo Que Pondrá A Prueba Al DIF De Nuevo León
La CNDH otorgó al DIF de Nuevo León un plazo de 15 días para aceptar y cumplir la recomendación emitida por la CEDH, colaborar en las investigaciones administrativas y facilitar el acceso a la reparación del daño. También ordenó emitir una circular interna para garantizar que estos hechos no se repitan.
Sin embargo, la pregunta persiste: ¿habrá consecuencias reales o el caso Fabriles se sumará a la lista de expedientes que evidencian violaciones graves sin castigo? Mientras no existan responsabilidades claras, el mensaje para la ciudadanía es que la protección política sigue pesando más que la vida y los derechos de niñas, niños y adolescentes bajo custodia del Estado.
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