Una vez más, el Registro Público de Nuevo León quedó fuera de servicio esta semana, generando una nueva ola de inconformidad entre los ciudadanos que, a diario, acuden a realizar trámites esenciales. La nueva parálisis del sistema, repetida ya en varias ocasiones en los últimos meses, deja al descubierto una estructura tecnológica frágil y una evidente falta de soluciones reales por parte del gobierno estatal. Mientras tanto, las personas siguen perdiendo tiempo, dinero y paciencia en un escenario que no muestra señales de mejora.
Registro Público Colapsa Otra Vez
El colapso del sistema ocurrió de nuevo en las instalaciones del Instituto Registral y Catastral, ubicadas en el Pabellón Ciudadano. Quienes acudieron a realizar trámites relacionados con escrituras, inscripciones o certificaciones se toparon con un sistema completamente detenido.
Según testimonios del propio personal, las fallas comenzaron desde el lunes y, hasta ahora, no hay certeza de cuándo se restablecerá el servicio. La única actividad permitida fue el ingreso manual de documentos y la entrega de los ya procesados, lo que de poco sirve para quienes necesitan constancias inmediatas o movimientos urgentes sobre sus propiedades.
José María Urrutia, director del Instituto, atribuyó la suspensión a un corte de fibra óptica provocado por las lluvias recientes, afectando los enlaces digitales del organismo. Afirmó que se estaban haciendo respaldos de la información para garantizar la seguridad de los datos antes de reactivar el sistema. Pero esa explicación no calmó el malestar de los ciudadanos, que ven cómo los problemas se repiten sin un plan real de modernización.
El Costo Para La Ciudadanía
La parálisis del Registro Público afecta directamente a la vida de las personas. Una de las principales quejas provino de ciudadanos que viajan desde municipios lejanos como García o Cadereyta para hacer trámites en Monterrey. Es el caso de Gloria Chávez, una adulta mayor que acudió durante dos días seguidos sin lograr avanzar: “Vine ayer y me dijeron que no, y vengo hoy, y también… es el tiempo y energía que gastas”, expresó molesta.
Su caso no es único. Decenas de personas perdieron tiempo laboral, dinero en transporte y recursos gastados en gestorías, pues los procesos quedaron en pausa indefinida. A eso se suma la percepción de que el gobierno estatal no prioriza a la ciudadanía, al mantener en abandono instituciones básicas y sin una respuesta efectiva.
El malestar se agravó al saberse que ni siquiera los sistemas de cobro de la Tesorería funcionaban correctamente. Aun cuando el Instituto intentó recibir documentos manualmente, no se podían procesar pagos, lo que dejó las operaciones prácticamente paralizadas.
Entre Explicaciones Y Hechos
Aunque las autoridades insisten en que la caída del sistema fue causada por un accidente externo relacionado con el clima, la ciudadanía recuerda que esta no es la primera vez. En mayo y junio también hubo fallas similares que, según los afectados, se extendieron por semanas.
La frecuencia de estos problemas pone en duda la solidez tecnológica del Instituto. Si los colapsos se vuelven habituales, argumentos como “la lluvia” o “un corte de fibra” pierden fuerza. Lo que se revela es un organismo vulnerable, incapaz de garantizar la continuidad de un servicio clave para la seguridad jurídica y económica del estado.
Especialistas en derecho registral advierten que cada día sin sistema puede traer consecuencias graves. Desde retrasos en la inscripción de propiedades hasta la imposibilidad de acreditar operaciones legales de compraventa, la falta de funcionamiento afecta tanto a ciudadanos como a empresas. En un estado como Nuevo León, donde la inversión y el desarrollo inmobiliario no se detienen, tener un Registro Público paralizado significa pérdida de confianza y obstáculos innecesarios para la economía.
Sin Soluciones Reales A La Vista
La crisis del Registro Público no es nueva, pero sí más evidente. En lugar de implementar un plan integral de modernización y prevención de fallas, las autoridades han respondido con explicaciones temporales que no resuelven el problema de fondo.
La falta de inversión en infraestructura digital, junto con la opacidad en el manejo de recursos, ha dejado al Instituto en una condición de precariedad. Aunque se argumenta que se están haciendo respaldos de información, la realidad es que los usuarios no reciben atención oportuna ni soluciones efectivas.
La inconformidad ya comienza a manifestarse en redes sociales, donde los ciudadanos señalan que, mientras el gobierno estatal presume proyectos “modernos” en otros sectores, descuida funciones básicas que afectan directamente a la vida diaria. La pregunta que muchos se hacen es clara: ¿cuántas veces más tendrá que colapsar el sistema para que se tomen decisiones firmes?
La confianza en las instituciones depende de su capacidad para responder a las necesidades de la sociedad. Si el Registro Público sigue siendo sinónimo de filas interminables, trámites estancados y excusas técnicas, el mensaje que se envía es uno solo: abandono e indiferencia.
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