El controvertido impuesto verde creado por el Gobierno estatal de Nuevo León ha provocado graves consecuencias en las finanzas de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD). Entre 2023 y 2025, el organismo ha pagado casi 3 mil millones de pesos por este gravamen, sin que existan reportes claros sobre el destino del dinero. La falta de transparencia ha generado sospechas de manejo indebido de recursos públicos.
El Impuesto Verde Se Convierte En Carga Para Agua Y Drenaje
En teoría, el impuesto verde busca penalizar la contaminación ambiental y fomentar la inversión en proyectos sustentables. Sin embargo, en la práctica ha significado una presión financiera constante sobre el principal organismo de saneamiento del Estado.
De acuerdo con información del Consejo de Administración de AyD, el Gobierno estatal cobró al organismo 426 millones de pesos en 2022, aunque ese monto se devolvió temporalmente por la crisis hídrica. En 2023, la cifra subió a 900 millones de pesos, equivalentes al 45 % del total recaudado.
Para 2024, el pago ascendió a mil millones de pesos, representando el 55 % de lo recaudado, mientras que para 2025 se proyecta una cantidad similar. En total, AyD habrá transferido más de 2 mil 900 millones de pesos al Estado, pese a que legalmente debería estar exenta del pago de este tipo de impuestos.
El Impuesto Verde Y La Falta De Transparencia En Su Uso
Uno de los principales cuestionamientos sobre el impuesto verde es la falta de información pública sobre el destino de los recursos.
Según la ley, los montos recaudados deberían invertirse en proyectos de reforestación, manejo de residuos y restauración ambiental. Sin embargo, no existen informes oficiales que comprueben el uso del dinero en tales iniciativas.
En cambio, el dinero se canaliza hacia cuentas generales del Estado sin que se especifique su aplicación, lo que ha generado sospechas de opacidad y desvío de fondos. Para los integrantes del Consejo de Administración de AyD, este impuesto se ha convertido en una forma de financiar al gobierno estatal a costa de los organismos públicos.
El Marco Legal Que Exenta A Agua Y Drenaje
Los propios consejeros del organismo han recordado que la Ley que crea Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, en su Artículo 12, establece claramente que la institución “estará exenta del pago de cualquier clase de impuesto y derechos estatales o municipales”.
A pesar de esta disposición, el Gobierno ha mantenido la aplicación del impuesto verde, argumentando que AyD contribuye a la contaminación por el uso de plantas tratadoras y energía eléctrica.
Esta contradicción legal ha generado preocupación dentro del organismo. Durante una sesión del Consejo celebrada el 22 de agosto de 2024, los integrantes reconocieron que el pago del gravamen ha limitado la capacidad operativa y ha provocado un déficit financiero creciente.
“El impuesto verde está complicando nuestras finanzas; necesitamos inversiones reales en saneamiento, no cobros adicionales”, advirtió uno de los integrantes en dicha reunión.
El Impacto Del Impuesto Verde En Las Finanzas Públicas
El impacto del impuesto verde va más allá de los números. La presión fiscal sobre Agua y Drenaje ha afectado su capacidad para mantener la red hidráulica y ejecutar obras necesarias para garantizar el abasto de agua en el área metropolitana.
Además, los pagos millonarios han reducido el presupuesto operativo disponible para mantenimiento, modernización de plantas y atención a fugas. Todo esto mientras los ciudadanos enfrentan tarifas elevadas y servicios limitados.
La situación refleja un contraste claro: mientras el Gobierno promueve una política ambiental de discurso, en la práctica usa el impuesto verde como una fuente adicional de ingresos, sin rendición de cuentas ni resultados ambientales visibles.
Presupuesto 2026: Más Impuesto Verde, Menos Agua Y Transparencia
El presupuesto de Agua y Drenaje para 2026 confirma que el cobro del impuesto verde continuará. El organismo proyecta un pago adicional de 1,162 millones de pesos, cifra que equivale a casi una cuarta parte de su presupuesto anual.
De mantenerse esta tendencia, AyD podría perder más de 4 mil millones de pesos al final del sexenio. Los consejeros advierten que esta situación compromete la operación del organismo y aumenta su nivel de endeudamiento.
Pese a los reclamos, el Gobierno estatal no ha modificado la política fiscal ni ha transparentado los proyectos financiados con estos recursos. El impuesto verde, concebido como herramienta ecológica, se ha convertido en un mecanismo de recaudación sin control ni propósito claro.
Estado ha "exprimido" a AyD a través del pago del impuesto verde, pues le ha cobrado al organismo alrededor de 2 mil 900 mdp, entre 2023 y 2025.#ElNorteLocal https://t.co/YR7g083E0U
— EL NORTE (@elnorte) November 4, 2025
Un Gravamen Cuestionado Por Su Legalidad Y Resultados
Cada año, el impuesto verde amplía su alcance y sus críticas. En lugar de incentivar prácticas sustentables, afecta a los mismos organismos que tratan el agua y promueven el saneamiento ambiental.
La falta de rendición de cuentas, sumada al aumento sostenido del cobro, ha generado una crisis de confianza en las políticas públicas del Estado. Los consejeros, ambientalistas y expertos en administración pública coinciden en que este modelo carece de transparencia y lógica ambiental.
Mientras tanto, los problemas de contaminación, drenaje y desabasto siguen sin resolverse. El dinero recaudado no se ve en proyectos concretos, y la ciudadanía se pregunta: ¿realmente el impuesto verde protege el medio ambiente o solo engrosa las arcas estatales?
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