En medio de una creciente preocupación por la pérdida de espacios públicos, el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, ha decidido vender 19 terrenos que originalmente estaban destinados a áreas verdes y recreativas. Aunque se argumenta que esta medida responde a la falta de recursos para completar obras sociales, la decisión ha generado críticas por el riesgo de que estos espacios sean reemplazados por concreto y que el uso del dinero público carezca de mecanismos sólidos de transparencia.
La venta fue avalada por mayoría en el Cabildo municipal el pasado viernes, lo que significa que el gobierno local podrá proceder sin necesidad de consultar al Congreso del Estado. Según el dictamen aprobado, el Municipio pretende recaudar 43 millones de pesos, los cuales se destinarían, supuestamente, a tres obras públicas: un centro de atención al autismo, una guardería de 24 horas y un centro para atender adicciones. En conjunto, estos proyectos requieren una inversión aproximada de 64 millones de pesos, por lo que la venta solo cubriría una parte del total necesario.
Sin embargo, la falta de garantías sobre cómo y en qué se usará ese dinero, así como el impacto urbano y ambiental que puede derivarse de esta decisión, ha encendido alarmas entre expertos y ciudadanos.
El gobierno de Santa Catarina venderá 19 áreas verdes que eran para espacios públicos (plazas y canchas), a cambio de 43 mdp. Se dice que el dinero será para obras, pero no hay garantías de su uso ni vigilancia ciudadana. ¿Quién vigilará esos recursos?
— La Sierra Madre (@LaSierraMadre_) June 4, 2025
Más información aquí. 👇 pic.twitter.com/1N7csNmtFR
Predios donados por parques industriales
Los 19 terrenos que serán vendidos no son tierras baldías sin propósito. Se trata de espacios que fueron cedidos por parques industriales en cumplimiento de una obligación legal: destinar al menos el 7% de su superficie para áreas verdes o deportivas en favor del desarrollo urbano equilibrado.
Estos predios, que suman más de 41 mil metros cuadrados, estaban pensados como zonas para el esparcimiento de las familias santacatarinenses. En una ciudad con fuerte presencia industrial y con escasa oferta de espacios públicos, estos terrenos representaban una oportunidad para recuperar áreas recreativas, mejorar la calidad del aire y ofrecer alternativas saludables a la ciudadanía.
El documento aprobado por el Cabildo argumenta que los predios están en desuso y que no se han recibido los fondos estatales completos del Fondo Municipal en los últimos tres años. Por ello, la administración asegura que no tiene recursos suficientes para ejecutar obras importantes, lo cual la habría llevado a considerar la venta de estos terrenos como una “alternativa viable”.
Los espacios se ubican en diferentes parques industriales, como El Obispo, Gamart, Milenium Primer Sector, Milimex, Esperanza, Industrial Mitras, Industrias Marfer, Microempresarios del Poniente, Industrial Las Torres, La Concordia y Santa Catarina.
Falta de transparencia y vigilancia a Jesús Nava
Uno de los puntos más delicados de esta medida es que la venta de los terrenos no requiere la aprobación del Congreso local, ya que, según el dictamen, se trata de propiedades municipales cedidas por particulares, no de bienes públicos adquiridos con recursos del Estado. Esto abre la puerta a decisiones unilaterales del gobierno municipal sin el contrapeso legislativo necesario.
Además, hasta ahora no se han detallado los mecanismos de vigilancia ciudadana ni los procedimientos que aseguren que los 43 millones de pesos recaudados se utilizarán de forma íntegra en las obras prometidas. Tampoco se ha explicado cómo se evitará que estos espacios terminen en manos de empresas privadas, ni cuál será el proceso de enajenación.
En un municipio como Santa Catarina, donde los niveles de contaminación son elevados y la cantidad de áreas verdes por habitante está muy por debajo de lo recomendado, esta medida podría tener consecuencias ambientales, sociales y urbanas de largo alcance. Mientras otras ciudades intentan recuperar espacios para parques, canchas, corredores verdes y centros comunitarios, Santa Catarina cede ante la presión financiera a costa de su patrimonio urbano.
¿Y si el dinero no llega?
La falta de claridad en torno a la administración del recurso ha levantado críticas desde distintos sectores. Especialistas en urbanismo y planeación pública advierten que sacrificar áreas verdes por dinero es una salida riesgosa, sobre todo en contextos donde el uso de los recursos públicos no siempre se ejecuta con plena transparencia.
Además, está el antecedente de otros municipios que han vendido terrenos con promesas similares, pero que nunca concretaron los proyectos anunciados o terminaron por usarse el dinero en gastos operativos y no en infraestructura social.
La decisión también genera desconfianza por el hecho de que se tomará sin consultas públicas ni información abierta para los ciudadanos. Los predios en cuestión son parte del patrimonio colectivo de Santa Catarina, y su desincorporación debería contar con el respaldo y la supervisión de la sociedad civil organizada.
Mientras tanto, los vecinos no fueron notificados directamente del proceso, y muchos se enteraron de la noticia a través de los medios de comunicación o redes sociales, lo que ha alimentado un sentimiento de exclusión y molestia.
En momentos en los que se habla de ciudades sostenibles, espacios públicos dignos y mejora en la calidad de vida urbana, la apuesta de Jesús Nava parece ir en dirección contraria: convertir suelo verde en ingresos, sin garantías firmes de que ese dinero regresará al bienestar de la comunidad.
Array
