En lo que va de 2025, Nuevo León enfrenta un panorama inédito en cuanto a resistencia de particulares y desobediencia a la autoridad. Por primera vez, la cifra de casos supera las seis centenas antes de concluir el año, estableciendo un récord que refleja un problema en constante expansión.
Meses De Triple Dígito
Durante los primeros siete meses del año, se acumularon 634 denuncias, 61 más que el máximo histórico registrado en 2024. Lo llamativo es que, por primera vez, tres meses superaron los cien incidentes: febrero (100), abril (115) y julio (101). El resto de los meses tampoco estuvo lejos de esas marcas, con reportes que van de 69 a 95 casos.
Se dispara la desobediencia y resistencia de particulares contra la autoridad en NLhttps://t.co/9gBwWzQgna
— Milenio Monterrey (@MilenioMty) August 13, 2025
Un Crecimiento Que No Se Detiene
La tendencia no es nueva. Desde 2016, el número de carpetas abiertas por este delito ha crecido de forma sostenida: de 79 casos hace nueve años, se pasó a 573 en 2024. Este incremento continuo coloca a la desobediencia a la autoridad como un foco de atención para la seguridad pública y el sistema judicial.
En NL, los reportes por falta a la autoridad han mostrado un repunte preocupante en 2025, con 634 casos, el más alto en 9 años. Las cifras revelan un debilitamiento del respeto hacia las instituciones encargadas de mantener el orden.
— La Sierra Madre (@LaSierraMadre_) August 14, 2025
¿Qué hizo mal Samuel? 👮 pic.twitter.com/rYc4b0d6Wr
Qué Considera La Ley como desobediencia a la autoridad
Según el Código Penal del estado, se incurre en desobediencia cuando un ciudadano se niega, sin causa legítima, a cumplir un mandato o prestar un servicio de interés público. La resistencia de particulares, por su parte, implica el uso de fuerza, amenazas o amagos para impedir que la autoridad actúe. Ambas conductas pueden ser castigadas con penas de uno a tres años de prisión y multas de diez a cien cuotas.
Un Síntoma De Desconfianza
Especialistas apuntan que el fenómeno podría estar vinculado a una mayor confrontación entre la ciudadanía y las instituciones, motivada por la desconfianza en las autoridades o por la falta de mecanismos eficaces para resolver conflictos. En cualquier caso, el desafío para el estado será frenar esta tendencia antes de que las cifras continúen en aumento y se conviertan en una normalidad peligrosa para el orden público.
