- La Pastora Reabre Entre Polémica Y Sin Acceso A La Prensa
La Pastora Reabre Entre Polémica Y Sin Acceso A La Prensa
Tras once días de clausura por denuncias de maltrato animal y presuntas irregularidades, el zoológico La Pastora reabrió sus puertas en medio del descontento público y una nueva polémica: el veto total a la prensa. El hecho ha generado críticas hacia el Gobierno estatal, a Samuel García y Mariana Rodríguez por la falta de transparencia y la aparente intención de ocultar las verdaderas condiciones del recinto.
Reapertura De La Pastora Bajo Opacidad Y Silencio Oficial
Después de su clausura temporal, La Pastora volvió a operar sin un comunicado público detallado. La reapertura se realizó discretamente, sin conferencias ni recorridos guiados.
Medios locales confirmaron que el acceso a periodistas fue restringido, impidiendo constatar el estado de los animales ni las supuestas mejoras anunciadas por las autoridades.
La medida ha sido interpretada como un intento de evitar cuestionamientos tras los casos que detonaron la clausura: el maltrato a la osa Mina, las sospechas de tráfico de especies y el evidente deterioro físico de Monty, el elefante asiático que continúa bajo observación médica.
Expertos y colectivos ambientalistas exigieron al Gobierno estatal aclarar por qué se impidió la cobertura informativa, cuando la reapertura debería haber sido un acto de rendición de cuentas ante la ciudadanía.
Los Casos Que Llevaron A La Clausura De La Pastora
La clausura de La Pastora ocurrió tras múltiples denuncias documentadas por organizaciones civiles y visitantes.
El caso más emblemático fue el de la osa Mina, quien fue rescatada en condiciones deplorables: desnutrida, con pérdida de pelo, infecciones visibles y viviendo en un entorno inadecuado.
Además, circularon videos y fotografías que mostraban signos de abandono generalizado en distintas especies, incluyendo felinos y aves.
La situación provocó indignación nacional y llevó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a intervenir.
Junto al caso de Mina, el descuido del elefante Monty y las sospechas de traslado irregular de animales encendieron las alarmas. Pese a ello, el Gobierno estatal minimizó las denuncias, asegurando que todo se trataba de una “revisión rutinaria”.
Falta De Transparencia Y Censura A Los Medios
Lo más cuestionado de la reapertura fue la prohibición expresa a reporteros y fotógrafos.
Ningún medio pudo ingresar para verificar el estado del zoológico, situación que alimentó las sospechas sobre lo que realmente ocurre dentro del recinto.
Periodistas locales denunciaron haber sido bloqueados en los accesos por personal del zoológico, mientras que otros aseguraron que el personal recibió órdenes directas de no permitir grabaciones ni entrevistas.
Esta medida ha sido interpretada como un acto de censura por parte del Gobierno estatal, que pretende evitar nuevas imágenes que evidencien el maltrato animal o la falta de condiciones dignas para las especies.
El Papel De Mariana Rodríguez Y Su Silencio Ante El Caso Mina
Otro aspecto que ha reavivado la polémica es la participación indirecta de Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García.
Meses antes de la clausura, Rodríguez visitó el zoológico y se reunió con personal del recinto. Testigos aseguran que durante esa visita observó directamente el estado crítico de la osa Mina.
Sin embargo, no hubo pronunciamiento público ni denuncia posterior, a pesar de que la influencer se ha presentado como defensora del bienestar animal.
Esa omisión ha sido calificada como incongruente con su imagen pública y con el discurso “animalista” que suele promover.
Organizaciones de protección animal sostienen que, si se hubiera actuado en ese momento, el sufrimiento de Mina podría haberse evitado o reducido.
El silencio de Rodríguez, sumado a la actitud evasiva del Gobierno estatal, ha profundizado la percepción de doble moral y falta de compromiso real con la causa animal.
Reacciones Ciudadanas Y Exigencia De Responsabilidad
Tras conocerse que la prensa fue excluida de la reapertura, las redes sociales se inundaron de críticas hacia las autoridades.
Usuarios cuestionaron si el cierre temporal realmente sirvió para mejorar las condiciones del zoológico o si solo se trató de una maniobra para limpiar la imagen pública tras el escándalo.
Activistas locales pidieron que se conforme un comité ciudadano y veterinario independiente que evalúe el estado real de los animales y las instalaciones.
También exigieron que se transparente el manejo del presupuesto destinado al mantenimiento del zoológico y que se rindan cuentas sobre el uso de recursos públicos.
La reactivación de La Pastora, en lugar de simbolizar una recuperación, ha abierto nuevas dudas sobre la gestión ambiental del Gobierno estatal, acusado de responder con improvisación y secretismo ante las crisis.
La Pastora Reabre Pero Pierde Credibilidad Ante El Público
El regreso de La Pastora no fue motivo de celebración.
Lejos de ofrecer una nueva etapa de cuidado y transparencia, la reapertura sin prensa consolidó la percepción de que algo se intenta ocultar.
Aun con las puertas abiertas al público, el zoológico carga con una mancha que difícilmente se borrará: la de haber permitido maltrato animal bajo la administración estatal.
La falta de rendición de cuentas y la exclusión de los medios solo confirman que la confianza ciudadana está, por ahora, fuera del recinto
Críticas A La Falta De Acción
El origen del debate comenzó cuando un video difundido en redes sociales mostró el estado de salud de la osa enferma, lo que generó una oleada de comentarios en contra de las autoridades. Asociaciones defensoras de los animales señalaron que las imágenes reflejan años de descuido y falta de atención especializada, mientras que ciudadanos reclamaron que el gobierno estatal, pese a presumir proyectos de bienestar, ha permitido que la situación llegue a este punto.
Mariana Rodríguez reaccionó poco después asegurando que el zoológico ha brindado tratamientos y cuidados al ejemplar desde hace dos años, pero reconoció que la enfermedad que padece es irreversible. Según explicó, el animal se mantiene bajo supervisión médica, se alimenta, duerme y presenta conductas normales, pero solo Profepa tiene la facultad de decidir si debe ser sacrificada o continuar con cuidados paliativos.
Las explicaciones no convencieron a la opinión pública. Varios colectivos recordaron que el gobierno estatal utiliza constantemente la imagen de proyectos de protección animal como bandera política, por lo que resulta contradictorio que ahora se deslinde de la toma de decisiones.
🚨Los animales que viven en Zoológicos de México también padecen un INFIERNO.
— 𝙍𝙪𝙩𝙝 𝘽𝙖𝙧𝙧𝙞𝙤𝙨 𝙁𝙪𝙚𝙣𝙩𝙚𝙨 (@rbarriosfuentes) September 25, 2025
Recorte de presupuestos, mínimos cuidados, pocos programas de enriquecimiento…
El maltrato que ha padecido la osa bebé de Nuevo León es indignante.
El abandono en los zoológicos es alarmante. pic.twitter.com/S8XFjIiz1N
El Deslinde Del Gobierno Estatal
El señalamiento de que la decisión final corresponde a Profepa fue interpretado como una forma de evadir responsabilidades. Mariana Rodríguez argumentó que el Estado se limita a acatar lo que dicta la autoridad federal, pues es quien regula a todos los animales resguardados en zoológicos. Mientras tanto, insistió en que La Pastora seguirá proporcionando atención al ejemplar.
El problema, de acuerdo con especialistas en protección animal, radica en que este tipo de deslindes dejan a los animales en un limbo legal y sanitario. Aunque es cierto que Profepa tiene facultades regulatorias, también lo es que el gobierno estatal, como propietario y administrador del zoológico, debe garantizar las condiciones mínimas de bienestar y asegurar que las decisiones se tomen en tiempo y forma.
La falta de una postura firme alimentó las críticas. Para los colectivos, se trata de un ejemplo más de cómo las autoridades priorizan el discurso antes que la acción, sobre todo en temas relacionados con el medio ambiente y los animales, donde la sensibilidad ciudadana es cada vez más fuerte.
Colectivos Y Ciudadanos Se Movilizan
La respuesta social no tardó en crecer. Diversos colectivos en defensa de los animales convocaron a manifestaciones digitales y presenciales para exigir atención inmediata al caso de la osa enferma. Las críticas se enfocaron tanto en las condiciones del zoológico como en la actitud del gobierno estatal, al que acusan de minimizar el problema.
Algunos activistas recordaron que este no es el primer caso en el que La Pastora enfrenta acusaciones por el estado de sus animales. En años anteriores se habían documentado denuncias por condiciones inadecuadas de jaulas, falta de espacio y deficiencias en la atención médica de otras especies. Para ellos, el caso actual es solo la punta del iceberg de un problema estructural que requiere una revisión profunda.
En redes sociales se multiplicaron los mensajes que señalaban contradicciones en el discurso oficial. Mientras el gobierno presume proyectos de protección ambiental y cuidado de la fauna, en la práctica —afirman los activistas— las acciones son insuficientes y se limitan a respuestas reactivas cuando los casos se vuelven mediáticos.
Un Debate Sobre Responsabilidades
Más allá del caso particular de la osa enferma, la situación abrió un debate mayor sobre las responsabilidades compartidas entre los gobiernos estatal y federal en el manejo de los zoológicos. Para algunos expertos en derecho ambiental, aunque Profepa tiene facultades regulatorias, los estados no pueden eximirse de su papel como garantes de la integridad de los animales que se encuentran en sus instalaciones.
El asunto también pone sobre la mesa el papel de los zoológicos en la actualidad. Activistas sostienen que estos espacios, más allá de su función recreativa, deben transformarse en centros de conservación y educación ambiental, donde los animales reciban un trato digno. El caso de La Pastora, sin embargo, refleja rezagos en infraestructura, transparencia y voluntad política.
El debate se complejiza porque mientras el gobierno asegura que se han hecho esfuerzos por mantener al ejemplar con cuidados paliativos, los colectivos insisten en que esto no es suficiente y que la omisión principal fue permitir que su estado de salud se deteriorara al grado de ser irreversible.
Lo Que Viene Para La Osa
Hasta el momento, la decisión sobre el destino de la osa enferma sigue en manos de Profepa. De acuerdo con la versión oficial, el organismo evaluará si procede la eutanasia humanitaria o si se mantienen los cuidados actuales. Mientras tanto, La Pastora continuará brindando atención y el Estado seguirá deslindando la decisión final.
La presión ciudadana, sin embargo, podría acelerar la intervención de la autoridad federal. Los colectivos ya anunciaron que darán seguimiento puntual al caso y que no permitirán que quede en el olvido una vez que pase la atención mediática.
En cualquier escenario, lo ocurrido representa un duro golpe a la imagen del gobierno estatal, que en los últimos meses ha enfrentado críticas constantes por omisiones en materia de protección animal y ambiental. Para los activistas, el caso de la osa enferma se ha convertido en símbolo de la falta de políticas claras y efectivas en favor del bienestar de la fauna en Nuevo León.
La Pastora, Un Zoológico Bajo Sospecha
El caso La Pastora se ha convertido en un símbolo del abandono institucional.
Según la activista Claudia Tapia, durante la actual administración estatal fueron retirados 250 animales: unos 120 sin autorización legal y otros 130 con presuntos permisos cuestionables.
Los señalamientos apuntan a Bernardo Bichara, presidente ejecutivo de Parque Fundidora, quien habría permitido los traslados sin justificación técnica ni transparencia.
Tapia asegura que estos movimientos representan una violación a la Ley General de Vida Silvestre y al Código Penal Federal, pues derivaron en daño al bienestar de los animales y en un manejo irregular de especies en resguardo estatal.
“Se trata de una red de omisiones y silencios que permitió desmantelar el zoológico sin control”, advirtió.
Discurso Animalista Y Realidad Contradictoria
El caso ha adquirido relevancia no solo por la magnitud del presunto saqueo, sino por la contradicción entre el discurso oficial y los hechos.
El gobierno de Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez ha promovido en redes sociales campañas de bienestar animal, rescates y adopciones, proyectando una imagen de sensibilidad y empatía.
Sin embargo, la denuncia de Claudia Tapia revela otra cara: un zoológico estatal con especies trasladadas sin destino claro, instalaciones deterioradas y una administración que —según la activista— prefiere callar antes que rendir cuentas.
“Hablan de amor por los animales, pero permiten que cientos desaparezcan de un espacio público sin explicación”, dijo Tapia.
El contraste entre la narrativa digital y la gestión real ha generado una ola de críticas ciudadanas. Organizaciones ambientalistas locales exigen transparencia, mientras acusan al gobierno de utilizar la causa animal como herramienta de imagen.
Las Repercusiones Legales
La denuncia penal interpuesta ante la FGR busca establecer responsabilidades contra Bernardo Bichara y otros funcionarios implicados.
Tapia argumenta que el retiro masivo de especies no solo carece de fundamento legal, sino que también refleja una negligencia estructural en el manejo del zoológico.
“Los animales fueron sacados bajo el pretexto de una supuesta sobrepoblación, cuando la función de un zoológico es precisamente controlar la reproducción y preservar especies”, explicó.
La activista también aseguró que algunos de los ejemplares fueron enviados a lugares no identificados, lo que podría constituir tráfico de fauna silvestre, delito federal sancionado por la ley.
Profepa Entra En Escena, Pero El Daño Ya Está Hecho
Ante las denuncias públicas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró temporalmente La Pastora la semana pasada.
La dependencia detectó irregularidades en el manejo de las especies, aunque días después permitió la reapertura del recinto, manteniendo la investigación abierta.
Tapia consideró insuficiente la respuesta de las autoridades y acusó a la administración estatal de actuar con prisa para minimizar el impacto mediático.
“Clausuraron, revisaron y reabrieron sin explicar nada. Mientras tanto, los animales siguen desaparecidos y nadie se hace responsable”, declaró.
Los reportes de Profepa coinciden con las observaciones de organizaciones civiles: el zoológico presenta omisiones administrativas, falta de inventario actualizado y registros incompletos sobre traslados de fauna.
Las Acusaciones Contra Parque Fundidora
En el centro de la controversia se encuentra Parque Fundidora, organismo descentralizado responsable de la gestión de La Pastora.
Bajo la dirección de Bernardo Bichara, el parque enfrentó ya varias críticas por falta de mantenimiento y transparencia en su operación.
De acuerdo con Tapia, la salida de los animales fue avalada por la directiva sin consulta técnica y bajo convenios de los que no se conocen detalles.
“Estamos hablando de decisiones tomadas en lo oscuro, con documentos parciales y justificaciones inexistentes”, señaló.
El presunto saqueo de animales no solo podría tener implicaciones penales, sino también administrativas, al involucrar recursos públicos y patrimonio natural del estado.
ArrayConoce el presupuesto millonario de @parquefundidora ejercido a modo 🐀. Ese que nunca benefició a Mina 🐻 y a cientos de animales para que al menos tuvieran un hábitat digno y fueran alimentados y cuidados correctamente. Aquí lo q con ética y amor se ha conseguido para 🐻. pic.twitter.com/AfCXsR4jgf
— Claudia Tapia Castelo (@ctcastelo) October 22, 2025
