La situación de una osa enferma en el zoológico La Pastora ha desatado una ola de críticas hacia el Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García. La difusión de un video en el que se observa al ejemplar en condiciones deterioradas provocó reacciones inmediatas de colectivos ciudadanos y asociaciones civiles, que exigieron atención urgente y transparencia sobre el caso. Ante el creciente descontento, Mariana Rodríguez, titular de la oficina Amar a Nuevo León, defendió que el animal ha recibido cuidados durante dos años y deslindó al gobierno estatal de cualquier decisión sobre su destino, asegurando que la responsabilidad recae únicamente en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Las declaraciones no lograron frenar la indignación. Para amplios sectores de la sociedad, el deslinde del Estado representa una omisión grave, pues consideran que la administración tiene la obligación de garantizar el bienestar de los animales que permanecen en instalaciones públicas como La Pastora.
Críticas A La Falta De Acción
El origen del debate comenzó cuando un video difundido en redes sociales mostró el estado de salud de la osa enferma, lo que generó una oleada de comentarios en contra de las autoridades. Asociaciones defensoras de los animales señalaron que las imágenes reflejan años de descuido y falta de atención especializada, mientras que ciudadanos reclamaron que el gobierno estatal, pese a presumir proyectos de bienestar, ha permitido que la situación llegue a este punto.
Mariana Rodríguez reaccionó poco después asegurando que el zoológico ha brindado tratamientos y cuidados al ejemplar desde hace dos años, pero reconoció que la enfermedad que padece es irreversible. Según explicó, el animal se mantiene bajo supervisión médica, se alimenta, duerme y presenta conductas normales, pero solo Profepa tiene la facultad de decidir si debe ser sacrificada o continuar con cuidados paliativos.
Las explicaciones no convencieron a la opinión pública. Varios colectivos recordaron que el gobierno estatal utiliza constantemente la imagen de proyectos de protección animal como bandera política, por lo que resulta contradictorio que ahora se deslinde de la toma de decisiones.
🚨Los animales que viven en Zoológicos de México también padecen un INFIERNO.
— 𝙍𝙪𝙩𝙝 𝘽𝙖𝙧𝙧𝙞𝙤𝙨 𝙁𝙪𝙚𝙣𝙩𝙚𝙨 (@rbarriosfuentes) September 25, 2025
Recorte de presupuestos, mínimos cuidados, pocos programas de enriquecimiento…
El maltrato que ha padecido la osa bebé de Nuevo León es indignante.
El abandono en los zoológicos es alarmante. pic.twitter.com/S8XFjIiz1N
El Deslinde Del Gobierno Estatal
El señalamiento de que la decisión final corresponde a Profepa fue interpretado como una forma de evadir responsabilidades. Mariana Rodríguez argumentó que el Estado se limita a acatar lo que dicta la autoridad federal, pues es quien regula a todos los animales resguardados en zoológicos. Mientras tanto, insistió en que La Pastora seguirá proporcionando atención al ejemplar.
El problema, de acuerdo con especialistas en protección animal, radica en que este tipo de deslindes dejan a los animales en un limbo legal y sanitario. Aunque es cierto que Profepa tiene facultades regulatorias, también lo es que el gobierno estatal, como propietario y administrador del zoológico, debe garantizar las condiciones mínimas de bienestar y asegurar que las decisiones se tomen en tiempo y forma.
La falta de una postura firme alimentó las críticas. Para los colectivos, se trata de un ejemplo más de cómo las autoridades priorizan el discurso antes que la acción, sobre todo en temas relacionados con el medio ambiente y los animales, donde la sensibilidad ciudadana es cada vez más fuerte.
Colectivos Y Ciudadanos Se Movilizan
La respuesta social no tardó en crecer. Diversos colectivos en defensa de los animales convocaron a manifestaciones digitales y presenciales para exigir atención inmediata al caso de la osa enferma. Las críticas se enfocaron tanto en las condiciones del zoológico como en la actitud del gobierno estatal, al que acusan de minimizar el problema.
Algunos activistas recordaron que este no es el primer caso en el que La Pastora enfrenta acusaciones por el estado de sus animales. En años anteriores se habían documentado denuncias por condiciones inadecuadas de jaulas, falta de espacio y deficiencias en la atención médica de otras especies. Para ellos, el caso actual es solo la punta del iceberg de un problema estructural que requiere una revisión profunda.
En redes sociales se multiplicaron los mensajes que señalaban contradicciones en el discurso oficial. Mientras el gobierno presume proyectos de protección ambiental y cuidado de la fauna, en la práctica —afirman los activistas— las acciones son insuficientes y se limitan a respuestas reactivas cuando los casos se vuelven mediáticos.
Un Debate Sobre Responsabilidades
Más allá del caso particular de la osa enferma, la situación abrió un debate mayor sobre las responsabilidades compartidas entre los gobiernos estatal y federal en el manejo de los zoológicos. Para algunos expertos en derecho ambiental, aunque Profepa tiene facultades regulatorias, los estados no pueden eximirse de su papel como garantes de la integridad de los animales que se encuentran en sus instalaciones.
El asunto también pone sobre la mesa el papel de los zoológicos en la actualidad. Activistas sostienen que estos espacios, más allá de su función recreativa, deben transformarse en centros de conservación y educación ambiental, donde los animales reciban un trato digno. El caso de La Pastora, sin embargo, refleja rezagos en infraestructura, transparencia y voluntad política.
El debate se complejiza porque mientras el gobierno asegura que se han hecho esfuerzos por mantener al ejemplar con cuidados paliativos, los colectivos insisten en que esto no es suficiente y que la omisión principal fue permitir que su estado de salud se deteriorara al grado de ser irreversible.
Lo Que Viene Para La Osa
Hasta el momento, la decisión sobre el destino de la osa enferma sigue en manos de Profepa. De acuerdo con la versión oficial, el organismo evaluará si procede la eutanasia humanitaria o si se mantienen los cuidados actuales. Mientras tanto, La Pastora continuará brindando atención y el Estado seguirá deslindando la decisión final.
La presión ciudadana, sin embargo, podría acelerar la intervención de la autoridad federal. Los colectivos ya anunciaron que darán seguimiento puntual al caso y que no permitirán que quede en el olvido una vez que pase la atención mediática.
En cualquier escenario, lo ocurrido representa un duro golpe a la imagen del gobierno estatal, que en los últimos meses ha enfrentado críticas constantes por omisiones en materia de protección animal y ambiental. Para los activistas, el caso de la osa enferma se ha convertido en símbolo de la falta de políticas claras y efectivas en favor del bienestar de la fauna en Nuevo León.
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