El transporte público en Nuevo León atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos años, situación que ha obligado a los municipios metropolitanos a tomar decisiones extraordinarias para no dejar desamparada a la ciudadanía. Ante la falta de camiones urbanos suficientes y la ineficacia del sistema estatal, ciudades como Monterrey, Apodaca, San Nicolás, Guadalupe, San Pedro y Santa Catarina han tenido que invertir más de 437 millones de pesos de sus propios recursos para habilitar y mantener rutas gratuitas de apoyo.
Lo que debería ser una tarea coordinada y cubierta por el Gobierno del Estado, ha recaído en las administraciones municipales, que han sacrificado recursos originalmente planeados para otras áreas con el fin de garantizar que miles de personas puedan llegar a su trabajo, escuela o actividades diarias. La situación no solo evidencia una mala gestión del transporte estatal, sino que refleja también una fuerte presión financiera sobre los gobiernos locales, quienes cubren un déficit que no les corresponde.
Municipios asumen gasto extraordinario
De acuerdo con cifras oficiales, el costo global de operar rutas de transporte gratuito en el área metropolitana asciende a 437 millones 056 mil pesos, entre pagos ya realizados y compromisos pactados. En total, estas rutas atienden a más de 390 mil pasajeros al mes, convirtiéndose en una pieza clave para mantener en movimiento a la ciudad en medio de la crisis.
La capital de Nuevo León informó que la operación de su Ruta, que actualmente ofrece cinco trayectos gratuitos, costará 326 millones de pesos en un periodo de 30 meses, iniciado en julio de este año. Cada mes, más de 100 mil ciudadanos dependen de este servicio, lo que muestra el alcance y la importancia de la medida.
Apodaca, por su parte, implementó el programa Ruta Contigo desde enero de 2023. Con 16 trayectos en operación, la administración local destinó 60 millones de pesos para este año, movilizando entre 200 mil y 240 mil pasajeros al mes.
San Nicolás mantiene en funcionamiento el Sanicobús, puesto en marcha en septiembre de 2022. Con cuatro trayectos disponibles, el gasto reportado es de 25 millones de pesos.
San Pedro también decidió apostar por el transporte gratuito. Actualmente cuenta con 15 rutas, cuyo costo mensual asciende a 2.5 millones de pesos. Hasta el momento, la inversión acumulada se estima en cerca de 5 millones de pesos. Aunque el municipio no precisó la cantidad de pasajeros beneficiados, se trata de una medida de apoyo importante para su población.
Municipios destinan 430 millones a rutas que dan servicio gratuito beneficiando a 390 mil usuarios al mes; Monterrey lidera inversión. #ElNorteLocal https://t.co/IrGtQSYQe0
— EL NORTE (@elnorte) September 17, 2025
Crisis de transporte en el Estado
La decisión de los municipios de crear sus propias alternativas de transporte no surgió de manera voluntaria, sino como una respuesta obligada ante la crisis que enfrenta el sistema estatal. El déficit de camiones urbanos ha dejado a miles de personas sin opciones seguras ni confiables para trasladarse, generando largas esperas, aglomeraciones y una fuerte presión en la vida diaria de los regiomontanos.
Aunque Escobedo también opera dos trayectos desde noviembre de 2024, en este caso los costos han sido cubiertos por el Instituto de Movilidad y Accesibilidad del Estado, lo que representa una excepción dentro del panorama general.
En contraste, el resto de los municipios metropolitanos han tenido que absorber por completo el gasto con sus propios recursos, lo que ha provocado críticas hacia el Gobierno estatal por dejar en manos de las administraciones locales una tarea que corresponde al nivel central.
Impacto financiero y social
El gasto de más de 437 millones de pesos en transporte gratuito ha significado una fuerte carga para las arcas municipales. Estos recursos pudieron haberse destinado a otros proyectos de infraestructura, programas sociales o seguridad, pero tuvieron que redirigirse a cubrir el vacío generado por la falta de acción estatal.
Más allá del impacto financiero, el esfuerzo de los municipios refleja una preocupación legítima por la movilidad de los ciudadanos. La realidad es que sin estas medidas, la situación en el área metropolitana sería aún más crítica, con miles de personas sin alternativas viables para llegar a sus destinos.
El hecho de que municipios como Monterrey o Apodaca destinen cantidades millonarias a sostener estas rutas evidencia que, aunque la medida alivia temporalmente la crisis, no es sostenible en el largo plazo. La presión económica que esto implica podría limitar la capacidad de los gobiernos locales para atender otras necesidades urgentes.
Exigen soluciones al Gobierno Estatal
La ciudadanía y especialistas en movilidad coinciden en que la responsabilidad de garantizar un sistema de transporte eficiente recae en el Gobierno estatal. Sin embargo, la falta de estrategias claras ha dejado a los municipios cargando con una responsabilidad que no les corresponde.
El malestar ciudadano se ha hecho evidente, cuestionando por qué el Estado no ha podido ofrecer soluciones concretas al déficit de camiones urbanos. A pesar de que se han anunciado proyectos y promesas, la realidad en las calles muestra que el problema persiste y que los municipios son quienes han tenido que responder.
Mientras tanto, los alcaldes han señalado que continuarán operando estas rutas gratuitas en tanto no haya una estrategia integral desde el Estado. No obstante, el debate sigue abierto: ¿hasta cuándo podrán sostenerse estos gastos millonarios sin comprometer otras áreas de la administración municipal?
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