El programa estatal de reforestación en Nuevo León ha sido objeto de crecientes críticas por su falta de transparencia, pese a los reiterados intentos del gobierno por defenderlo. Aunque se ha difundido ampliamente que se han plantado casi 700 mil árboles como parte de este esfuerzo ecológico, las cifras, los responsables directos y la rendición de cuentas siguen siendo vagos o simplemente inexistentes.
Durante una reciente conferencia de prensa, el secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Alfonso Martínez Muñoz, reconoció la participación del Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey (FAMM) en el plan de reforestación, además de la asociación Reforestación Extrema, que hasta entonces era la única organización señalada públicamente como colaboradora en el proyecto. Sin embargo, el funcionario evitó ofrecer detalles específicos sobre el financiamiento, los árboles plantados por cada agrupación y los mecanismos de fiscalización.
Participación sin rendición de cuentas
La inclusión del FAMM en este programa, dirigido por David Garza, se suma a la ya polémica presencia de Reforestación Extrema, liderada por Cosijoopii Montero. Esta última organización ha recibido importantes sumas de dinero producto de las aportaciones que el Estado exige a desarrolladores y constructoras para mitigar el daño ambiental de sus proyectos. No obstante, desde mediados de 2023, Reforestación Extrema no ha emitido informes públicos sobre el uso de estos recursos.
Según cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la asociación habría recibido al menos 270 millones de pesos hasta noviembre del año pasado. Sin embargo, no se ha hecho pública información sobre el destino de estos fondos ni los resultados verificables de las supuestas reforestaciones que realiza.
Pese a la ausencia de datos verificables y de mecanismos públicos de supervisión, el secretario Alfonso Martínez defendió enérgicamente el modelo de trabajo con asociaciones civiles. Argumentó que estas agrupaciones cuentan con sus propios procesos de auditoría interna y afirmó que están dando resultados positivos, aunque no presentó evidencia que sustente estas declaraciones.
Esquema poco claro y sin cifras
Martínez Muñoz también mencionó acuerdos con otras organizaciones como Pronatura Noreste, para operar un vivero en la Sierra de Nuevo León, y con Supera, para trabajar en la regeneración de un tramo del Río Pesquería. No obstante, tampoco se aclaró si estas iniciativas operan bajo las mismas condiciones opacas que las de Reforestación Extrema y el FAMM, es decir, sin mecanismos formales de rendición de cuentas al erario público.
La meta oficial del gobierno estatal es plantar un millón de árboles durante el actual sexenio. Sin embargo, no se ha dado a conocer cómo se distribuirá esa meta entre las diferentes organizaciones participantes. La falta de esta información impide que la ciudadanía pueda evaluar el avance real del programa y su efectividad ecológica.
En la rueda de prensa, el titular de Medio Ambiente aseguró que el Fondo Ambiental Metropolitano ha sido responsable de la mayor parte de las plantaciones, particularmente dentro del programa denominado “Bosques Ciudadanos”. Afirmó que hasta ahora se han plantado 686 mil 709 árboles, de los cuales 592 mil —equivalentes al 86 por ciento— fueron colocados en zonas de montaña del Parque Nacional Cumbres de Monterrey.
Esta revelación resulta contradictoria, ya que “Bosques Ciudadanos” se había anunciado como un programa enfocado en la reforestación de la mancha urbana, no en áreas protegidas de alta montaña. Tampoco se explicó por qué se optó por llevar las plantaciones a esa zona o qué impacto tiene eso en las metas de cobertura vegetal dentro del área metropolitana de Monterrey, que padece de calor urbano extremo y escasez de sombra natural.
Reforestación Extrema, bajo sospecha
En contraste, Reforestación Extrema habría sido la responsable de plantar 94 mil 709 árboles en zonas urbanas, según los datos difundidos por Martínez. Sin embargo, estos números no fueron respaldados con evidencias verificables ni con mapas georreferenciados, lo que genera dudas sobre la veracidad de los datos.
El convenio entre Reforestación Extrema y la Secretaría de Medio Ambiente, firmado el 30 de marzo de 2023, ha sido señalado como un factor que contribuye a la falta de transparencia. Dicho acuerdo permite que la asociación reciba directamente los recursos financieros entregados por empresas y particulares como parte de sus obligaciones ambientales. Bajo este esquema, las autoridades estatales y los representantes de la organización argumentan que los fondos no pueden considerarse públicos, y por ende, no están obligados a rendir cuentas formales.
Esta interpretación ha sido criticada por diversos sectores que exigen mayor claridad en el uso de recursos y mecanismos formales de control. La opacidad genera inquietud sobre si realmente se están sembrando los árboles que se reportan y si las acciones de reforestación están alineadas con un plan ecológico sustentable y profesional.
Cuestionado por los medios de comunicación sobre el desglose de los recursos entregados a cada agrupación, Alfonso Martínez aceptó no tener la información precisa. “No tengo los datos precisos de cuánto se le ha asignado a cada una”, declaró. “La que más ha recibido es el Fondo Ambiental Metropolitano, después Reforestación Extrema. Con gusto pasamos esos datos”.
El funcionario también afirmó que se pueden compartir mapas de ubicación de las plantaciones, aunque hasta ahora no han sido publicados ni entregados a la prensa ni a la ciudadanía, lo que abona a la percepción de desorganización y falta de apertura institucional.
