Las finanzas estatales enfrentan un terremoto tras exhibirse una red de desvíos hacia despachos privados. La reciente auditoría Nuevo León destapó movimientos millonarios que vinculan el presunto robo de Samuel y su papá con dependencias como el DIF Capullos y el Isssteleón. Esta revisión financiera involucra además a Mariana Rodríguez Cantú y suma hallazgos previos de la ASF.
El impacto ciudadano tras el robo de Samuel y su papá
Mientras los hospitales públicos enfrentan carencias, los recursos destinados a medicinas terminaron en cuentas privadas. La investigación estatal reveló que el Isssteleón y la universidad local pagaron 420.6 millones de pesos a una distribuidora de fármacos oncológicos sin comprobar su entrega física.
De esos pagos destinados a pacientes con cáncer, 74.1 millones de pesos llegaron a firmas ligadas a familiares de altos funcionarios. El informe detalla que por cada cien pesos erogados en estos contratos, más de diecisiete pesos terminaron desviados hacia bufetes jurídicos particulares.
Por su parte, legisladores afines al gobierno estatal minimizan estos señalamientos y aseguran que las compras cumplieron la ley. Sostienen que la oposición política utiliza los reportes técnicos para golpear la administración de cara a los próximos procesos electorales en la entidad.

¿Cuánto dinero robaron Samuel García y su papá según los reportes?
Para dimensionar cuánto dinero robaron Samuel García y su papá, los auditores rastrearon 786 depósitos provenientes de contratistas estatales. Estas operaciones suman 1,696.6 millones de pesos transferidos directamente hacia la firma legal vinculada al mandatario y a Samuel García Mascorro.
El mecanismo operó mediante cuatro empresas puente que recibieron fondos desde la Tesorería estatal. Una constructora captó 5,851 millones de pesos, envió más de 5,154 millones a una filial y esta transfirió 385.3 millones de pesos al despacho familiar en cuestión de días.
Asimismo, el informe documenta que una firma proveedora depositó 261.4 millones de pesos al bufete legal, el cual reenvió 262 millones a una inmobiliaria al día siguiente. Estas cifras se suman a los 7,200 millones de pesos denunciados previamente por la ASF a nivel federal.
Las compras infladas y el robo de Samuel y su papá en el DIF
El escrutinio financiero alcanzó las operaciones del sistema asistencial donde participa políticamente Mariana Rodríguez Cantú. La auditoría Nuevo León detectó que la dependencia pagó 1,953 millones de pesos a un proveedor de alimentos que dispersó 23.3 millones al despacho familiar.
Los registros contables muestran sobreprecios alarmantes en insumos básicos adquiridos para los centros asistenciales. El organismo estatal facturó el kilo de chayote en 300 pesos cuando cuesta 18 en el mercado, además de pagar el aguacate en 250 pesos y el tomate en 200 pesos.
Además, la nómina oficial cubrió 3.15 millones de pesos para pagar sueldos de cuatro empleados de una empresa de cosméticos ligada a familiares de Mariana Rodríguez Cantú. También se detectaron contratos irregulares para “remodelaciones en el DIF Capullos” con empresas sin especialidad definida.

La postura oficial frente a las denuncias por desvíos
Representantes del oficialismo en el Congreso local calificaron el trabajo de los auditores como una maniobra ociosa con fines partidistas. Argumentan que las transferencias entre empresas proveedoras y sus asesores fiscales representan operaciones comerciales privadas ajenas al control gubernamental.
Sin embargo, los sectores del Congreso exigieron celeridad para turnar los expedientes ante las fiscalías correspondientes. El titular del órgano fiscalizador confirmó que cuenta con un plazo máximo de dos semanas para formalizar las denuncias penales contra los funcionarios involucrados.
A nivel federal, actores políticos ya presentaron denuncias adicionales ante la fiscalía general para investigar el posible enriquecimiento ilícito. Señalan que la acumulación de casi ocho mil observaciones sin aclarar por 61 mil millones de pesos demuestra un patrón sistemático de simulación.
Consecuencias legales tras el robo de Samuel y su papá
El desenlace de estas investigaciones definirá el futuro político y jurídico de la actual administración estatal antes de la sucesión gubernamental. Las autoridades ministeriales deberán analizar los flujos bancarios para determinar si existió peculado o tráfico de influencias en las licitaciones públicas.
Por otro lado, el equipo jurídico del gobierno asegura que todas las observaciones de la Cuenta Pública 2025 siguen dentro del periodo legal para ser solventadas. Insisten en que entregarán las facturas y comprobantes necesarios para demostrar el destino correcto de cada peso ejercido.
Mientras avanzan los plazos legales, la ciudadanía exige transparencia total sobre el manejo de los impuestos locales. La posible vinculación a proceso de los implicados dependerá de la solidez de las pruebas bancarias que entregue el órgano auditor durante las próximas dos semanas.

