Una operación inmobiliaria encendió las alertas en Nuevo León tras revelarse quién paga rancho campestre en Santiago. La alcaldesa de Juárez Nuevo León enfrenta duros cuestionamientos públicos por su solvencia financiera. Mónica Oyervides adquirió el inmueble mientras el Congreso de Nuevo León avalaba su ascenso político. Movimiento Ciudadano guarda silencio mientras la Fiscalía Anticorrupción recibe denuncias por el caso.
Paga rancho campestre en Santiago de contado y sin crédito
La transacción inmobiliaria se cerró por más de ocho millones de pesos en efectivo. El predio cuenta con media hectárea de terreno en una zona exclusiva de Huajuquito. Cuenta con alberca privada y extensas áreas verdes cerca de la presa La Boca.
El pago ocurrió cuando la compradora presidía como presidenta municipal del DIF Juárez. Su esposo encabezaba entonces la administración local antes de sumarse al gabinete estatal. Ningún banco intervino para financiar semejante compraventa inmobiliaria.
La declaración patrimonial de Mónica Oyervides no reporta cuentas bancarias suficientes. Tampoco existen inversiones registradas que justifiquen semejante desembolso inmediato. El tabulador municipal apenas marca percepciones que vuelven imposible este gasto.
Los nexos de Movimiento Ciudadano con firmas investigadas
La polémica adquisición destapó viejos contratos asignados durante la gestión municipal previa. El ayuntamiento destinó más de ciento cuarenta millones de pesos para uniformes escolares. Esos recursos beneficiaron a empresas señaladas por presunta defraudación fiscal.
Diferentes sectores ciudadanos señalan un esquema idéntico al operado desde palacio de gobierno. La opacidad reina en los padrones de beneficiarios y en las listas de proveedores. Nadie aclara los costos reales de cada una de las prendas adquiridas.
Las autoridades investigadoras no han llamado a declarar a los involucrados. Las firmas señaladas carecen de infraestructura comprobable para surtir pedidos tan grandes. La falta de transparencia alimenta las sospechas sobre el destino del dinero público.
Paga rancho campestre en Santiago y reabre viejas denuncias
El hoy funcionario estatal arrastra acusaciones desde su paso por la oficina tributaria. En aquel momento acumuló ocho carpetas de investigación por presuntos chantajes y abusos. La presión judicial forzó su separación temporal del servicio público.
Tiempo después organizaciones civiles interpusieron otra denuncia formal en su contra. El expediente señala irregularidades por más de doscientos setenta millones de pesos. La queja ciudadana documentó pagos a empresas inexistentes por árboles jamás plantados.
Pese a esos antecedentes el funcionario escaló posiciones dentro del gobierno naranja. Su trayectoria refleja una impunidad absoluta frente a los señalamientos de desvío. Ahora esta finca campestre vuelve a poner bajo la lupa su patrimonio familiar.
La Fiscalía Anticorrupción revisa posible usurpación
La salida del alcalde provocó fricciones inmediatas en el Congreso de Nuevo León. Diversos diputados locales denunciaron que el exedil sigue mandando en el municipio. Aseguran que la alcaldesa sustituta actúa únicamente como una figura decorativa.
La denuncia presentada ante las autoridades pide auditar las decisiones presupuestales. También exige transparentar el dinero público gastado en campañas de redes sociales. Mónica Oyervides incrementó notablemente la pauta oficial para promover su imagen.
Los legisladores exigen frenar lo que catalogan como una burla para la comunidad. Advierten que el control familiar sobre la alcaldía viola normativas electorales básicas. El municipio permanece sumido en baches y con severos rezagos en seguridad pública.
Paga rancho campestre en Santiago mientras despiden burócratas
Al Félix Arratia dejar la alcaldía de Juárez y asumir su nuevo cargo en la administración estatal inició una purga laboral en la Secretaria de Igualdad e Inclusión. Cientos de empleados de base denunciaron despidos injustificados de un día para otro. Muchos de los afectados tenían hasta dos décadas laborando para las dependencias.
Los puestos vacantes se entregaron a colaboradores traídos directamente desde Juárez Nuevo León. A los trabajadores cesados les niegan liquidaciones justas y amenazan con litigios. Esta desorganización interna provocó retrasos en la entrega de programas sociales.
La adquisición de fincas millonarias contrasta duramente con el maltrato a la burocracia. Los privilegios de la cúpula estatal chocan con el discurso oficial de cercanía ciudadana. La sociedad civil exige que las investigaciones ministeriales lleguen hasta las últimas consecuencias.
