La promesa de transformar la movilidad en Nuevo León a través de las nuevas líneas del Metro ha derivado en una de las polémicas más grandes en materia de infraestructura en la entidad. El aumento del presupuesto destinado a las Líneas 4 y 6, que ahora rebasan los 47 mil millones de pesos, ha generado una oleada de críticas y preocupación por el manejo financiero del gobierno estatal.
Lo que comenzó como una inversión de 30 mil millones se convirtió, en pocos meses, en un gasto desbordado, sin que hasta ahora haya una rendición de cuentas clara sobre los motivos del sobrecosto. Lo más preocupante: incluso proyectos cancelados como la Línea 5 siguen generando erogaciones, incluyendo pagos de compensación millonarios.
Línea 5 cancelada, pero costosa
Proyecto descartado termina encareciendo la obra
Uno de los puntos más cuestionados por la ciudadanía y sectores críticos es el caso de la Línea 5. Aunque fue descartada del plan estatal de movilidad, la cancelación no representó un ahorro para las finanzas públicas. Todo lo contrario: se destinarán más de 2 mil millones de pesos para cubrir compromisos contractuales derivados de su cancelación.
Esta situación ha encendido alertas, ya que evidencia una falta de previsión y planeación técnica. El pago millonario por una línea que ni siquiera se construirá plantea dudas sobre la toma de decisiones dentro del gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García. ¿Cómo se firmaron compromisos tan elevados para una obra que terminaría por desecharse?
La falta de explicaciones detalladas por parte de la administración estatal ha profundizado el malestar entre los habitantes de la zona sur, que eran los principales beneficiarios de la Línea 5 y ahora no sólo se quedaron sin el servicio prometido, sino que observan cómo su cancelación también implica un costo millonario para el estado.
Gasto total se eleva 57% en el metro
Las cifras ya superan los 47 mil millones
De acuerdo con documentos recientes, el nuevo monto proyectado para las Líneas 4 y 6 asciende a 47 mil 143 millones de pesos. Esto representa un aumento de más del 57% respecto al presupuesto original, que rondaba los 30 mil millones.
Los gastos adicionales se explican, según el Gobierno estatal, por trabajos “imprevistos”, modificaciones al diseño original, adecuaciones técnicas y nuevas obras complementarias. Sin embargo, el nivel de detalle con el que se ha informado a la ciudadanía es limitado, lo que ha despertado exigencias por mayor transparencia y auditorías independientes.
Además del gasto ya ejercido, el Ejecutivo estatal busca contratar una deuda adicional por 10 mil millones de pesos para poder continuar con los trabajos. Este nuevo crédito se sumaría al endeudamiento actual, elevando la presión financiera sobre las finanzas estatales y generando preocupación sobre la sostenibilidad de los proyectos a largo plazo.
Organizaciones civiles y expertos han advertido que el uso de deuda para cubrir errores de planeación podría convertirse en una práctica riesgosa que comprometa los recursos públicos durante los próximos años.
Ciudadanía exige claridad en obras del metro
Falta de información genera desconfianza
La percepción ciudadana en torno a las nuevas líneas del Metro ha comenzado a cambiar. Lo que en un inicio fue recibido con entusiasmo como una posible solución al colapso del transporte público en la zona metropolitana de Monterrey, ahora se observa con escepticismo debido al descontrol presupuestario.
Los retrasos en los avances, la falta de comunicación oficial sobre fechas de entrega y la ausencia de informes financieros detallados han contribuido al creciente malestar social. A esto se suma la sensación de que los recursos estatales se están desviando de otras áreas prioritarias —como seguridad, educación o salud— para cubrir obras que no terminan de arrancar.
Diversas voces del Congreso local han exigido comparecencias del gabinete estatal para rendir cuentas, mientras que colectivos ciudadanos han iniciado peticiones formales para conocer los contratos modificatorios, los montos exactos asignados y los nombres de las empresas beneficiadas con los nuevos convenios.
Algunos analistas señalan que los problemas con las Líneas 4 y 6 podrían convertirse en un precedente negativo para futuras obras públicas, sobre todo si no se establece un modelo de control y vigilancia eficaz que garantice el correcto uso de los recursos.
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