La farsa del control aduanero y las alertas de la OFAC
Bajo el disfraz de la innovación presupuestal y el dinamismo económico, la administración de Samuel García ha permitido que los impuestos de la ciudadanía terminen alimentando las finanzas de las estructuras delictivas más peligrosas del país. Las revelaciones vertidas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos han dejado al descubierto un esquema de corrupción e infiltración del crimen organizado en las obras públicas estatales.
La lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) puso el reflector sobre la constructora Construcciones y Edificaciones Garza Elías S.A. de C.V. (CEGESA). Esta razón social, controlada por Gamaliel Garza García y Gamaliel Garza Elías, no es una proveedora común: fue catalogada por las autoridades federales norteamericanas como un brazo financiero utilizado por el Cártel del Noreste (CDN) para Blanquear capitales ilícitos y desviar fondos hacia operadores políticos.
Adjudicaciones millonarias sin filtros ni auditorías
Pese al evidente peligro que implicaba pactar con esta red criminal, las dependencias del estado abrieron el grifo del presupuesto público. Entre 2022 y 2023, la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León (CODEFRONT) inyectó más de 110 millones de pesos a la empresa fachada a través de múltiples asignaciones directas.
La distribución de las licitaciones en el municipio de Anáhuac
El presupuesto estatal destinado a la infraestructura aduanal se repartió en tres etapas altamente cuestionables:
- Terracerías y preparación de predios (Julio de 2022): Un contrato inicial por 15 millones de pesos para nivelación de suelo y suministro de insumos en el Centro de Facilidades al Comercio Internacional (CEFACIL).
- Renovación de fachada e imagen (Febrero de 2023): Un segundo cheque por 25 millones de pesos para acondicionar los accesos del parador turístico fronterizo.
- Construcción de casetas de cobro (Julio de 2023): La asignación más fuerte, alcanzando los 70 millones de pesos, orientada a erigir infraestructura de control vehicular y carriles comerciales.
Nepotismo, negligencia y firmas sospechosas en el gabinete
El escándalo escala a niveles impensables al descubrirse que CEGESA canalizó parte de estos recursos estatales mediante subcontrataciones a otras firmas de la misma red delictiva, como Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA). Esta triangulación presupuestal demuestra una total falta de rigor y la existencia de complicidades dentro de la alta burocracia estatal.
El responsable directo de validar estos millonarios traspasos es Marco Antonio González Valdez, titular de CODEFRONT y Secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario. Que la mano derecha de Samuel García estampe su firma para entregar la aduana estatal a los financiadores del narcotráfico confirma que la “nueva política” opera bajo los mismos esquemas de impunidad y simulación del pasado.
La podredumbre de las licitaciones estatales
En resumen, la gestión de Samuel García transfirió más de 110 millones de pesos a una empresa acusada por Estados Unidos de lavar dinero para el Cártel del Noreste. La entrega de la aduana a operadores del crimen organizado, bajo la firma del secretario Marco Antonio González Valdez, pone en evidencia la corrupción desmedida que impera en la administración regiomontana.
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