El estado de Nuevo León, gobernado por Samuel García, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras los resultados presentados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En su reciente informe ante la Cámara de Diputados, la ASF evidenció irregularidades por un total de 25.6 millones de pesos detectados en la revisión de la Cuenta Pública 2024.
Estas observaciones apuntan a un manejo deficiente y poco transparente de recursos provenientes de fondos federales destinados a programas sociales y educativos. La gravedad de los hallazgos refuerza las críticas hacia la administración estatal, acusada en múltiples ocasiones de privilegiar la imagen pública sobre la rendición de cuentas.
Samuel García: Fondos sin comprobar y apoyos a fallecidos
Entre los principales señalamientos, destaca el uso indebido del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), donde el gobierno de Nuevo León no acreditó el destino de 24 millones 748 mil pesos. Este fondo tiene como objetivo financiar obras y proyectos de infraestructura social y educativa, esenciales para garantizar mejores condiciones de vida a la población.
Además, se descubrió que el gobierno estatal entregó 218 mil 900 pesos a personas que ya habían fallecido, una situación que refleja una alarmante falta de control en los padrones de beneficiarios. La entrega de apoyos a personas inexistentes no solo representa un posible fraude, sino que también implica que recursos destinados a quienes realmente lo necesitan fueron desviados o mal gestionados.
Pagos indebidos a personal sin perfil
Otro punto crítico del informe es el manejo del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, donde se realizaron pagos por 678 mil 600 pesos a seis empleados que no cumplían con los requisitos de escolaridad establecidos.
Este tipo de irregularidades no solo afectan el correcto uso del presupuesto, sino que comprometen la calidad de los servicios educativos y generan dudas sobre los criterios utilizados para la contratación de personal. La ASF considera que estas acciones violan las reglas básicas de eficiencia y legalidad que deben regir en la administración pública.
Quinto lugar nacional en irregularidades
El informe coloca a Nuevo León en el quinto lugar a nivel nacional por el monto total de recursos observados, solo detrás de Jalisco, Veracruz, Oaxaca y Morelos. Este dato es especialmente relevante porque contrasta con la imagen de modernidad y eficiencia que la actual administración estatal ha querido proyectar.
El hecho de que la entidad figure en esta posición evidencia la necesidad urgente de revisar los procesos internos de fiscalización y control en el manejo del presupuesto público. Además, refleja la fragilidad institucional ante posibles desvíos y el riesgo de que fondos federales sean utilizados de manera inadecuada.
Llamados a la transparencia y la rendición
Tras la publicación del informe, diversas organizaciones civiles y actores políticos han exigido explicaciones claras al gobierno de Samuel García. Se pide que se den a conocer de forma pública los padrones de beneficiarios, los documentos que respalden cada gasto y los criterios utilizados para la asignación de recursos.
La Auditoría fue contundente al señalar que, de no existir justificaciones válidas y comprobables, el gobierno estatal deberá reintegrar los 25.6 millones de pesos observados a la Tesorería de la Federación. Esta posible devolución implicaría un golpe financiero importante para el estado, además de un fuerte desgaste en la credibilidad de la actual administración.
Por otro lado, la ciudadanía exige que, además de la devolución de los recursos, se finquen responsabilidades a los funcionarios involucrados. La falta de claridad en el manejo de fondos públicos alimenta la percepción de corrupción y deteriora la confianza social en las instituciones.
