Las recientes revelaciones sobre la adquisición de un terreno en la exclusiva Mesa de la Corona, San Pedro, han puesto en el centro del debate al Gobernador de Nuevo León, Samuel García. Este terreno, de 17.6 hectáreas y valorado en más de 700 millones de pesos, fue cedido al Gobernador como parte de una dación en pago por parte del Grupo Gentor. Lo que ha generado mayor controversia es la relación de esta transacción con contratos millonarios vinculados a la expansión del Metro en el estado.
Joya de la Corona: un tema polémico
El terreno en la Mesa de la Corona, considerado la “joya de la corona” por su ubicación y valor, se ha convertido en uno de los aspectos más polémicos del mandato de Samuel García. Este predio fue cedido al Gobernador por el Grupo Gentor, una de las empresas más favorecidas por su administración, lo que ha suscitado preguntas sobre las posibles implicaciones de esta transacción en los contratos públicos.
El vínculo entre este terreno y los contratos del Metro radica en las relaciones empresariales que giran en torno a la constructora Mota-Engil México, responsable de las obras de las Líneas 4, 5 y 6 del Metro. Según documentos obtenidos por El Norte, estas conexiones empresariales no son fortuitas, sino que forman parte de una compleja red de pagos y acuerdos que también involucran al despacho legal del Gobernador y su padre, Samuel García Mascorro.
Conexiones empresariales bajo escrutinio
La red de empresas y pagos vinculados a esta transacción es extensa y preocupante. Sergio Dávila González, un personaje clave en esta red, opera como socio o apoderado en varias compañías involucradas. Entre ellas, North American Heavy Equipment (NAHE) ha realizado pagos significativos al despacho jurídico del Gobernador. Estos pagos, que ascienden a 128.3 millones de pesos, comenzaron poco después de que se adjudicaron los contratos para la construcción del Metro.
El mismo día en que se firmaron los contratos del Metro, Mota-Engil se asoció con Inversiones Productivas del Norte (IPN) para crear Infraestructura y Construcciones de Nuevo León (ICNL). Javier Garza Buffington, presidente de Gentor, fue nombrado al frente de esta nueva entidad, consolidando aún más las conexiones entre estas empresas y el despacho del Gobernador.
Falta de transparencia y cuestionamientos
La falta de transparencia en estas operaciones ha generado un fuerte cuestionamiento público. Empresas como Bemase y Comercio y Servicios Industriales Acerta, también vinculadas a Sergio Dávila, han mantenido operaciones millonarias con dependencias estatales, sumando aún más sospechas sobre la gestión de estos contratos. Los pagos entre estas empresas y el despacho legal del Gobernador, que comenzaron casi simultáneamente con la adjudicación de los contratos del Metro, han sido objeto de críticas por su opacidad.
El terreno en la Mesa de la Corona no es solo una propiedad de alto valor; se ha convertido en un símbolo de las posibles irregularidades en la administración de recursos públicos en Nuevo León. La adquisición de este predio, junto con los contratos millonarios adjudicados a empresas vinculadas al despacho del Gobernador, plantea serias dudas sobre la ética y la legalidad de estas transacciones.
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