Samuel García está en investigación por redes de combustible ilegal. La Fiscalía General de la República mantiene bajo un estricto escrutinio las actividades financieras en el norte de México. Esta indagatoria de carácter penal se deriva directamente de las operaciones comerciales de la firma jurídica de sus parientes más cercanos, la cual presuntamente brindó servicios de asesoría fiscal y contable a consorcios privados señalados por contrabando de hidrocarburos y lavado de dinero. El crecimiento de los flujos financieros de este despacho familiar coincidió con el inicio de la administración estatal, lo que encendió las alertas de las agencias de inteligencia financiera de la federación.
La documentación oficial obtenida por las autoridades revela que el negocio familiar, con sede en San Pedro Garza García, se especializó durante años en gestionar devoluciones multimillonarias del Impuesto al Valor Agregado para diversas gasolineras, un movimiento que generó ganancias extraordinarias. Las investigaciones federales buscan esclarecer si los miembros de esta oficina tenían pleno conocimiento sobre la procedencia ilícita de los recursos de sus clientes o si existió un esquema de complicidad directa en la estructuración de sus estrategias contables encaminadas a blanquear capitales del mercado negro.
El hermano de Samuel García está vinculado a una red de huachicoleo
Los expedientes del ministerio público federal apuntan a que el hermano de Samuel García está vinculado a una red de huachicoleo de gran alcance en territorio nacional. Samuel Orlando García Villarreal, junto a su padre Samuel García Mascorro, dirigen la Firma Jurídica Fiscal García Mascorro y Asociados (GMA). A este bufete se le asocia contractualmente con operadores procesados, específicamente con la red de Los Petrofactureros. Jesús Ricardo Puente, presunto líder de esta organización, realizó transferencias multimillonarias hacia el despacho de los familiares del gobernador durante los ejercicios de 2021 y 2022, utilizando esquemas de simulación de operaciones logísticas mediante unas cuarenta compañías fachada distribuidas estratégicamente para ocultar las ganancias del diésel y la gasolina ilegal.
Ante los señalamientos de las corporaciones de justicia, la oficina de comunicación social del estado emitió una postura formal aclarando que el mandatario no forma parte de la sociedad de GMA. Asimismo, argumentaron que las responsabilidades delictivas de los clientes corresponden estrictamente a las estaciones de servicio y no a los asesores que ofrecen sus servicios profesionales con honestidad, buscando deslindar por completo a la oficina familiar de las imputaciones federales que mantienen a Samuel García en investigación por redes de combustible ilegal.
Empresas indagadas por contrabando de combustible pagaron millones al despacho
El rastreo financiero efectuado por las dependencias hacendarias demuestra que múltiples empresas indagadas por contrabando de combustible pagaron millones al despacho a cambio de estrategias de optimización contable y trámites tributarios. Las investigaciones identifican plenamente a cuatro empresas clientes de la firma sampetrina: Petrolíferos Lobo, Maquiladora de Lubricantes, BSQ Global Corporation y Autotransporte de Cargas Especializados MARVIC. Petrolíferos Lobo destaca como el cliente más lucrativo, habiendo depositado más de 258 millones de pesos mediante 76 transacciones financieras separadas, efectuadas en su inmensa mayoría después de que el actual mandatario asumiera el poder. Esta empresa se encuentra bajo investigación federal por el mal uso de pedimentos de importación de combustibles.
La gravedad de las indagatorias aumentó notablemente tras los recientes cateos de la Fiscalía General de la República en San Pedro Garza García, operativos coordinados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana que derivaron en la captura del dueño de Maquiladora de Lubricantes, empresa que facturó más de 15 millones de pesos al despacho familiar apenas semanas después de iniciado el actual gobierno. Por otro lado, BSQ Global Corporation, investigada bajo el expediente con folio 13173 por delincuencia organizada y defraudación fiscal, pagó 6.8 millones de pesos al bufete entre 2022 y 2024. Los informes ligan a esta corporación con la introducción ilegal de combustibles desde el extranjero y con supuestas redes de protección política. Finalmente, MARVIC, empresa cuya planta destiladora de diésel sufrió una explosión en Cadereyta, documentó transacciones con GMA por 69,900 pesos. Aunque la cifra es menor, forma parte del mapa de relaciones bajo la lupa federal.
Los negocios energéticos representan millonarios ingresos para la firma familiar
Las declaraciones fiscales presentadas ante el Servicio de Administración Tributaria demuestran que los negocios energéticos representan millonarios ingresos para la firma familiar, convirtiéndose en la piedra angular del crecimiento económico de los parientes del jefe del Ejecutivo estatal. GMA reportó ingresos nominales por 144 millones de pesos en 2024 y 161 millones de pesos durante 2025. En una revisión global, la red de firmas contables ligadas al entorno del gobernador —donde el propio mandatario figura como socio en una de las razones sociales— acumuló 1,781 millones de pesos en lo que va de su administración. De ese gran total, el 26 por ciento se justifica de manera directa por los contratos con el sector energético bajo sospecha, aprovechando vacíos legales en el manejo del impuesto especial sobre producción y servicios para captar firmas como NRA Latinoamérica, que facturó 78.4 millones de pesos con el despacho.
Este escenario de masiva captación de recursos coincide con reportes de agencias internacionales como el FinCEN de Estados Unidos, que señalan a Monterrey como un territorio crítico para el lavado de dinero proveniente del contrabando de combustible controlado por organizaciones delictivas. Ante estos hallazgos, legisladores de oposición presentaron una denuncia federal contra el gobernador de Nuevo León por enriquecimiento ilícito, con el objetivo de promover un juicio político para destituirlo de su cargo. Mientras el gobierno estatal defiende la legalidad de los servicios profesionales de los familiares, Samuel García está en investigación por redes de combustible ilegal y sigue siendo el foco central de la agenda de seguridad de la federación.
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