Una empresa vetada en otros países recibió cientos de millones de pesos del erario estatal mediante facturas infladas. De acuerdo con la ASE, las triangulaciones de Samuel García revelan un complejo desvío de recursos en Nuevo León hacia compañías irregulares y el despacho familiar que comparte con Samuel García Mascorro, sumando graves denuncias contra el gobierno de Nuevo León.
Pagos a firmas sancionadas en las triangulaciones de Samuel García
Según el informe presentado por el auditor Alejandro Reynoso ante los diputados locales, la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León facturó 537.4 millones de pesos a una firma sancionada en otros países.
De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2025, los contratos originales de esa obra sumaban apenas 120 millones de pesos. La constructora emitió 47 facturas entre julio de 2022 y octubre de 2026 que multiplicaron el costo pactado.
Las cifras oficiales expuestas por la ASE demuestran que el monto facturado superó 4.4 veces el presupuesto inicial autorizado. Este hallazgo exhibe presuntas irregularidades graves en la contratación de obra pública fronteriza dentro de la actual administración estatal.

El rastro de las empresas fantasma y el desvío de recursos en Nuevo León
Además de las operaciones con firmas vetadas internacionalmente, la ASE identificó pagos millonarios hacia compañías consideradas inexistentes por las autoridades hacendarias. Estas empresas aparecen registradas en el listado del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
Según los datos presentados ante la Comisión de Vigilancia del Congreso local, estas transacciones sospechosas alcanzaron un monto global de 3,366.1 millones de pesos. Los auditores documentaron el flujo del dinero público hacia estas razones sociales sin respaldo operativo real.
El organismo fiscalizador confirmó que su área de investigación ya giró instrucciones para continuar las actuaciones legales correspondientes. Estas medidas buscan coordinar esfuerzos con otras instancias competentes para sancionar el presunto desvío de recursos en Nuevo León.
¿Cuánto dinero se desvió al despacho del padre de Samuel García?
Los ciudadanos cuestionan cuánto dinero se desvió al despacho del padre de Samuel García tras conocerse los resultados de la auditoría local. El informe documentó 786 depósitos de proveedores gubernamentales hacia el despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados.
Según la exposición del auditor estatal, estas transferencias alcanzaron los 1,696 millones de pesos más 418.8 millones en rendimientos financieros. Dicho bufete pertenece al mandatario estatal y a su progenitor, Samuel García Mascorro, según las investigaciones citadas.
Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación informó en octubre ante la Cámara de Diputados sobre un esquema similar. El organismo federal reportó transferencias por al menos 728.13 millones de pesos desde contratistas estatales hacia el mismo despacho familiar.
Medicamentos oncológicos y compras del DIF bajo investigación
La auditoría también reportó pagos por 420.6 millones de pesos a la empresa Medicazel por fármacos oncológicos para la UANL y el Isssteleón. Según el reporte, 17.60 de cada 100 pesos terminaron en el despacho familiar, sumando 74.1 millones de pesos.
De igual forma, la ASE detectó que proveedores de alimentos del DIF estatal dispersaron 23.2 millones de pesos hacia el bufete jurídico en ocho días. Los auditores señalaron sobrecostos evidentes, como la compra de chayote a 300 pesos por kilogramo.
Las revisiones abarcaron también contratos con una desarrolladora que realizó remodelaciones en el Centro Capullos y vendió ropa infantil. Los auditores advirtieron que en el caso de las medicinas no existe documentación suficiente para comprobar su entrega física.

Historial de denuncias contra el gobierno de Nuevo León
Los nuevos hallazgos de las triangulaciones de Samuel García se acumulan a una larga lista de señalamientos financieros previos. Desde 2024, diversas investigaciones periodísticas ya habían documentado transferencias de proveedores estatales hacia el bufete de Samuel García Mascorro.
Incluso durante la campaña electoral de 2021, el Instituto Nacional Electoral detectó mecanismos similares de triangulación financiera. La Unidad Técnica de Fiscalización acreditó que la campaña recibió 14 millones de pesos provenientes de la madre y hermanos del entonces candidato.
Por aquellas irregularidades electorales, la autoridad impuso una multa de 28 millones de pesos al acreditar el uso de empresas fachada. Hoy, las múltiples denuncias contra el gobierno de Nuevo León mantienen bajo escrutinio público el manejo de las finanzas estatales.

