La administración de Samuel García está nuevamente en el centro de la polémica tras adjudicar un contrato por 3,300 millones de pesos a Ego Móvil, una empresa sin actividad en 19 años. El proyecto, destinado al arrendamiento de 600 camiones, ha generado fuertes cuestionamientos, ya que hasta ahora solo se han entregado 328 unidades, dejando al descubierto posibles irregularidades.
Ego Móvil: Una Empresa “Fantasma” Favorecida
Ego Móvil fue reactivada días antes de que se lanzara la licitación. Registrada en una casa en Querétaro, la empresa no tenía experiencia en transporte y llevaba casi dos décadas sin operaciones. Pese a ello, obtuvo el contrato más grande relacionado con la movilidad en el estado.
¿Qué Incluye el Contrato?
El acuerdo firmado contempla un servicio integral que abarca mantenimiento, trámites y refacciones. Sin embargo, el retraso en la entrega de los camiones y las sospechas sobre la capacidad de la empresa han encendido las alarmas.
Más Casos Sospechosos en la Gestión de Samuel García
Este caso no es el único que apunta a un manejo opaco de los recursos públicos durante la administración de Samuel García. Otros escándalos recientes incluyen:
- 202.9 millones de pesos transferidos al despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, fundado por el gobernador y su padre, bajo conceptos no especificados.
- 820 millones de pesos del DIF estatal transferidos a Comercializadora Don Cacahuato, una empresa señalada por operaciones poco claras.
Estos movimientos han generado indignación entre los ciudadanos, quienes cuestionan la falta de transparencia y el uso indebido de los recursos públicos.
Consecuencias para la Movilidad y el Estado
La falta de cumplimiento en la entrega de los camiones afecta directamente a los usuarios del transporte público, que enfrentan largas esperas y un servicio deficiente. Esto pone en evidencia la incompetencia del gobierno de Samuel García para gestionar proyectos clave y priorizar el bienestar de los ciudadanos.
¿Un Patrón de Irregularidades?
Los múltiples casos de contratos cuestionables, desvíos de recursos y favoritismos en la administración de Samuel García sugieren un patrón de corrupción y negligencia. La ciudadanía exige explicaciones claras y una auditoría exhaustiva para garantizar que los responsables rindan cuentas.
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